La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial suspender los efectos de la resolución DRP No. 301-03, por la cual se ordenó la cautelación de bienes del ex presidente Ernesto Pérez Balladares por la suma de B/.6.6 millones.
Bajo la ponencia del magistrado César Pereira Burgos, la Corte decidió admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Héctor Infante, en representación de Pérez Balladares, en el cual se solicita dejar sin efecto la citada resolución.
La Corte ordenó a la DRP enviar un informe de las acciones realizadas para la cautelación de los bienes del ex mandatario y concedieron un término de dos horas para cumplir con esta disposición.
La suspensión de la orden se dio mientras la Corte decide el fondo del recurso presentado por los abogados de Pérez Balladares, que podría extenderse por varios meses.
Por su parte, el contralor Weeden aseguró que no comparte la decisión de la Corte, pero que la acatará en todas sus partes y que comunicará al banco en donde se mantenían cautelados los fondos dejar sin efecto la orden impartida.
Weeden aseguró que corresponderá a la DRP emitir las comunicaciones correspondientes para levantar las restricciones aplicadas a los fondos del ex mandatario.
Por otro lado, se informó que el expediente abierto al contralor Alvin Weeden por el supuesto delito de abuso de autoridad y que fuera entregado por el procurador José Antonio Sossa a la Corte fue adjudicado al magistrado Arnulfo Arjona.
Arjona deberá elaborar un proyecto en donde se determine si la petición de separación del cargo de Weeden es procedente o no.
Mientras que el ex procurador de la Nación, Rogelio Cruz, consideró que no existe sustento legal en los casos de enriquecimiento injustificado y lesión patrimonial investigados contra Pérez Balladares por la Contraloría.
Corte descongela millones de Pérez B.
Admitió además la demanda que solicita la separación del cargo del contralor Weeden.
