De acuerdo con Cochez, en este caso lo que está ocurriendo es que con el retraso, la Corte le está retirando los incentivos de rapidez y economía que pretendió dar con la introducción de la nueva legislación en 1999.
La Sala Cuarta de Negocios Generales afirmó que al permitir la interposición por motivos muy especiales y definidos de recursos de anulación, se dilatan en hasta por dos años la evacuación de estos procesos.
En cambio, dentro de los tribunales arbitrales un proceso de esta índole tarda un máximo de seis meses.
En la actualidad la Sala Cuarta está integrada por los presidentes de las tres salas de la Corte, la penal Graciela Dixon; contencioso administrativa Winston Spadafora Spadafora; y la sala civil, José Troyano.
Según Cochez, en el caso del consorcio francés esos atrasos le costarán al Estado una fuerte suma de dinero, si se niega el recurso interpuesto por la procuraduría.
Esto sería producto del aumento de los intereses generados por la indemnización inicial a la que se condenó al Estado, en B/.5, 000 diarios.
