El Tribunal de Apelaciones de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda de reparación interpuesta por Grupo F. Internacional S.A., que exigía al Estado el pago de B/ 261 millones en concepto de daños y perjuicios.
El fallo de la Corte se da en menos de 24 horas, luego de que el Presidente Ricardo Martinelli, advirtiera que se acabó “el tiempo de los monos gordos, que tienen todos los contactos en la Corte, en todos lados y compran a todo el mundo”.
La demanda del Grupo F exigía el pago de B/ 261 millones por parte de la Autoridad Marítima de Panamá.
El Tribunal estimó que Grupo F no utilizó la vía idónea para obtener un resarcimiento.
Argumenta que para recibir la indemnización del Estado se requiere que, previamente, se declare la nulidad de la Addenda N.°1 al Contrato del 15 de mayo de 2001, aprobado mediante Resolución del 3 de febrero de 2003.
Se conoció que el Órgano Ejecutivo realizará hoy nuevas inspecciones en Amador, donde aplicará medidas en contra de concesionarios morosos.
Según el mandatario, Ricardo Martinelli, las acciones podrían llegar a los Astilleros Braswell, al grupo Bern y a la empresa Atlantic Pacific S.A., que opera dos fincas de tanques de combustible en la entrada y salida del Canal de Panamá.
Se informó que la “toma de la marina del Grupo F es definitiva y no hay marcha atrás”.
En tanto, Carlota Mattos, vocera de la AMP, existe una orden del 26 de octubre de 2006 que establece que el Grupo F debía suspender todo relleno sobre las tres parcelas y que no existe contrato de concesión que autorice construir la marina.
Al respecto, un comunicado del Grupo F aclara que Jean Figali jamás ha tenido temor a ser arrestado, porque esto no ocurre en un Estado Democrático y de Derecho.
“Nos sorprende que existiendo otras marinas, incluso con restaurantes operando, que ni siquiera tienen un contrato refrendado y que no pagan un centavo, sea a nosotros a quienes se les imponga esta acción de fuerza, sin importar que tenemos dos contratos refrendados”, destaca el Grupo F.
Sostiene que el poder del Ejecutivo no puede pasar por encima del Órgano Judicial o del Legislativo, porque Panamá podría ser considerado no apto para inversiones por violar la seguridad jurídica.
