Corte inicia análisis de candidatos al TE

ESTA semana, la Corte Suprema de Justicia iniciará el análisis de la documentación entregada por los 27 aspirantes a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Electoral (TE), que le corresponde nombrar a esa corporación de justicia.
El Pleno de la Corte acogió la semana pasada la documentación entregada por los aspirantes y decidió que los 27 postulantes entregaron debidamente los requisitos para aspirar a esta posición.
Los aspirantes para ocupar el cargo de magistrado del TE deben ser panameño por nacimiento y haber cumplido 35 años de edad.
También deben encontrarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
Además de ser graduado en derecho y haber inscrito el título universitario en la oficina que la ley señale.
Los candidatos deben haber completado un periodo de 10 años durante el cual hayan ejercido indistintamente la profesión de abogado, cualquier cargo del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del TE o de la Defensoría del Pueblo que requiera título universitario en derecho, o haber sido profesor de derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria.
Entre los aspirantes figuran el actual fiscal electoral, Gerardo Solís; el ex magistrado del TE, Guillermo Márquez Amado y la secretaria de la Sala Tercera Contencioso Administrativa, Janina Small.
También presentaron su documentación los abogados Salvador Domínguez, Manuel Cupas, Ceila Peñalba Ordóñez, Martín Jesús Molina Rivera, Enrique Mon Pinzón, Rubén Elías Avila, Javier Humberto Ordinola Bernal, Víctor Aldana, Víctor Manuel Martínez, César Martans y Aurelio Correa Estribí.
Otros de los aspirantes son: Aura Feraud, Carlos Quiroz, Andrés Pérez Espinosa, Vilma D"Anello, Pedro Fuentes, Manuel Bermúdez, Yara Ivette Campo B., José De La Cruz Bernal, Abdiel Algis Abrego Ramos, Cinthia Graham de Sampson, Daniel Ramón Batista Vergara, Dina Torres y Leonor Samudio.
El Pleno de la Corte deberá analizar a los candidatos más idóneos para ocupar el cargo de magistrado del TE.
Trascendió que esta iniciativa del Ministerio Público obedece a que muchos de los bienes incautados en los procesos por narcotráfico quedan reducidos a chatarra, debido al tiempo que demoran los procesos judiciales.
En este caso, la extinción de dominio permitiría al Estado rematar el bien y los fondos pasarían a la cuenta del Tesoro Nacional, sin necesidad de esperar a la conclusión del expediente principal.
La legislación que será presentada por el Ministerio Público es similar a la Ley 793 que se utiliza en Colombia para perseguir los carteles dedicados al tráfico de drogas.
El 27 de diciembre de 2002 el presidente colombiano, Alvaro Uribe, sancionó la Ley 793 por la cual se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio para bienes provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y el secuestro.