Con la ponencia del magistrado Winston Spadafora, la Corte Suprema de Justicia no admitió una denuncia penal presentada contra el ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, por los presuntos delitos contra la personalidad internacional del Estado y abuso de autoridad, tras suscribir el acuerdo denominado Salas-Becker.
La denuncia, presentada por los abogados Julio Berríos, Silvio Guerra, Jaime Padilla y Ramiro Guerra, señala que, con fundamento en los artículos 7 y 8 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, Salas no disponía de los poderes necesarios y concurrentes para obligar al Estado y tampoco para comprometer de manera alguna la soberanía.
El citado acuerdo permite al Servicio de Guardacostas de Estados Unidos brindar asistencia y realizar abordajes, previo consentimiento, a embarcaciones del Servicio Marítimo Nacional (SMN).
En el fallo, los magistrados de la Corte señalan que el acto firmado por Salas no constituye la génesis de dicho Arreglo Complementario. Precisa que este arreglo tuvo su origen el 18 de marzo de 1991, suscrito inicialmente por el entonces ministro de Gobierno, Ricardo Arias Calderón, y el embajador de EU, Deane R. Hinton.
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