El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Eligio Salas advirtió ayer que esa corporación de justicia no ha establecido en ninguno de sus fallos que los miembros de la Asamblea Legislativa tengan derecho a reclamar el pago de salarios caídos a raíz de una solicitud de equiparamiento salarial en virtud del aumento temporal de sueldo efectuado a los ministros de Estado durante el gobierno anterior.
Salas, en una nota aclaratoria, asegura que el fallo emitido el 5 de diciembre de 1,996 sólo estabece que no es inconstitucional el artículo 226 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa en donde se señala que los legisladores tendrán las mismas prerrogativas, emolumentos y asignaciones de los Ministros de Estado.
En el documento Salas aclara que cualquier aumento a los legisladores que se llegara a aprobar sólo podría hacerse efectivo después de terminar el período de la asamblea que lo hubiera aprobado, tal como lo establece el artículo 151 de la Constitución Nacional.
Aseguró que el fallo emitido en diciembre de 1,996 nada puede entenderse en el sentido que los legisladores del período pasado tengan derecho a reclamar el pago de salarios caídos, como producto del aumento temporal efectuado a los Ministros de Estado durante la pasada administración gubernamental.
Estableció que jamás ha emanado de la Corte Suprema de Justicia un pronunciamiento en ese sentido y que no hay asidero legal para que algunos legisladores insistan en que la Corte autorizó o reconoció el derecho a reclamar esos dineros.
Por otro lado el exMagistrado Edgardo Molino Mola aseguró que si los legisladores toman esos dineros se estarían apropiándose de unos fondos que de acuerdo con la ley no le corresponden, porque la Corte nunca ha dado una fallo favorable.
Por su parte el Presidente de la Asamblea Legislativa Enrique Garrido consideró que la opinión de Salas es sólo una de los 9 Magistrados que componen al Corte Suprema de Justicia y que ellos tienen el fallo firmado por todo los miembros del Pleno.
Algunos legisladores exigían el pago de B/51,000 bajo el argumento que a raíz de la equiparación de salarios con los Ministros de Estado, ejecutado durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, se les pagar el tiempo que el alza de los emolumentos se mantuvo.
El desembolso por parte del Estado, si se ejecutaba el pago, ascendería a unos B/.3.5 millones para los cuales deberían ser consignados en alguna partida presupuestaria.
