El Estado panameño tendrá que desembolsar y pagar a la empresa mexicana Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) al menos B/. 15.6 millones ante la imposibilidad legal de la empresa de poder hacer rellenos para recuperar la inversión que hizo durante la construcción del Corredor Sur.
En un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se determinó la inconstitucionalidad de algunas modificaciones incorporadas a la Ley 5 de 1988, a través de la Ley 36 de 6 de julio de 1995, con las cuales se le permitía al concesionario el uso de bienes de uso público, incluso rellenarlos y negociarlos, con el objetivo de recuperar su inversión.
Ante esta situación, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate, un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo para restablecer la ley original e impedir a los concesionarios rellenar tierras como una opción para recuperar lo invertido.
En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Carlos Vallarino informó que los proyectos que ICA tenía en cartera para rellenar, desarrollar y recuperar, "quedan paralizados", por el momento.
Esos proyectos dijo, no pueden continuar porque definitivamente el fallo de la Corte es muy claro y dice que no se pueden continuar haciendo los rellenos, y en consecuencia no se puede seguir vendiendo esas tierras para poder desarrollar proyectos.
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