La Corte Suprema de Justicia ordenó el archivo de la denuncia presentada por el exjefe de la Interpol, Jorge Motley, contra el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, por los supuestos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
De acuerdo con el fallo de la máxima corporación de justicia, el exjefe de la Interpol no presentó las pruebas correspondientes de las supuestas infracciones cometidas por el procurador Sossa y los documentos aportados dentro de la investigación no satisfacen la exigencia particular del ordenamiento procesal penal.
Según la Corte, los medios probatorios que se deben acompañar con el escrito de denuncia o de acusación, han de ser de tal envergadura que por sí mismos acrediten el hecho punible atribuido y que ello no se ejecutó dentro de la denuncia presentada contra el jefe del Ministerio Público.
En ese sentido la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, quien realizó la instrucción sumarial, señaló que el delito atribuido al procurador Sossa exige como requisito por parte del denunciante, acompañar su relato con una prueba sumaria.
A la vez señala que el documento aportado por el denunciante en donde se resuelve la destitución de Jorge Motley por parte del procurador Sossa no se encuentra firmado por el entonces director de la PTJ, Alejandro Moncada, ni por el secretario general de esa institución, por lo cual no puede ser considerado un documento auténtico.
La denuncia presentada por Motley contra el procurador Sossa se fundamenta en que su despido se dio como consecuencia de su legítima y arbitraria autoridad para despedirlo e intentó obligar al exdirector de la PTJ, Alejandro Moncada, a ejecutar su destitución.
La crisis entre Alejandro Moncada y Jorge Motley terminó cuando la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para la destitución de Moncada y Ramiro Jarvis. La confrontación entre ambos estamentos provocaron prácticamente la paralización de las investigaciones de cientos de delitos y la captura de prófugos de la ley.
Luego de las destituciones la nueva administración ha realizado una reestructuración y rotación del personal de esa institución de investigación.
