El Pleno de la Corte Suprema de Justicia concedió la acción de hábeas data interpuesta por la Defensoría del Pueblo, para que se den a conocer los estados financieros consolidados y auditados de las empresas de distribución eléctrica del país.
Mediante el fallo, la Corte confirma que la sustentación del Ente Regulador de declarar como confidencial esta información, no se ajusta al espíritu contenido en la Ley 6 de 2002 de Transparencia.
En la resolución de la Corte, bajo la ponencia del magistrado Alberto Cigarruista, se determinó que no le asiste la razón al Ente para catalogar dicha información como de "acceso restringido".
Para el ex defensor del Pueblo, Juan A. Tejada, este fallo es conveniente e histórico, ya que el ciudadano se convierte en auditor de las empresas de servicios públicos que han sido privatizadas y que las mismas no son fincas privadas.
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