La procuradora suplente, Mercedes Araúz de Grimaldo, solicitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que determine la legalidad de la instalación de un banco de ADN en Panamá, cuyo refrendo ha sido negado por la Contraloría de la República, a pesar que su despacho cumplió con todos los requisitos señalados por la ley.
De acuerdo con la procuradora, la Sala Tercera de la Corte puede entrar a determinar la viabilidad del acto solicitado por el Ministerio Público para la instalación del citado banco de ADN.
En la nota PGN-SG-275-01 del pasado 16 de los corrientes, remitida al contralor Alvin Weeden, Araúz de Grimaldo pidió que se procediera al refrendo del contrato con los laboratorios Fairfax para la instalación del mencionado banco de ADN.
En el documento, la procuradora refutó las afirmaciones hechas por la Contraloría sobre la necesidad que el acto público, en donde se asignó el contrato para la instalación del laboratorio, fuera de carácter internacional.
Señala que la sugerencia efectuada por la Contraloría debió realizarse en su debido momento y hasta pudo ser acogida, a pesar que la ley no lo exige así. También establece que a la fecha ya se ha adjudicado y firmado un contrato con obligaciones y responsabilidades que no se pueden evitar.
La Contraloría, mediante nota No. 4725-Leg., devolvió el proyecto de contrato No. 109-2001 suscrito entre el Ministerio Público y los laboratorios Fairfax. No obstante, el propio procurador José Antonio Sossa criticó la actitud asumida por la Contraloría.
Según Sossa, el concurso minuciosamente vigilado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en donde se siguieron todas las instrucciones y en donde la Comisión Evaluadora estuvo integrada por un representante del Instituto de Medicina Legal, otro de la Dirección de Genética y Energía Molecular de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Medicina y del Instituto Gorgas del Ministerio de Salud.
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