Corte rechaza quitarse privilegios

EL PRESIDENTE de la Corte Suprema de Justicia, José Troyano, aseguró que los miembros de esa corporación no respaldarán el proyecto impulsado por la procuradora, Ana Matilde Gómez, para la eliminación de los privilegios a jueces y magistrados.
Troyano sostuvo que en el caso de los magistrados de la Corte y otros funcionarios del Organo Judicial, estos beneficios no se deben considerar como privilegios, sino como compensaciones por los sacrificios impuestos por el ejercicio de su profesión.
Estimó que el resto de los miembros del pleno de la Corte no apoyarán esta iniciativa, aunque dijo que respeta la opinión de la procuradora.
Planteó que ya los funcionarios judiciales han perdido algunas compensaciones, como lo eran la suspensión de los términos judiciales durante la Semana Santa y las jubilaciones especiales.
Alegó que los funcionarios judiciales tienen serias limitaciones por el ejercicio de su profesión y por ello deben obtener algún tipo de compensación.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, estimó que en los actuales momentos es "difícil" aceptar los privilegios y compensaciones de que gozan los magistrados de la Corte.
A su juicio, esta posición provoca mucho desaliento en el personal subalterno que labora en la administración de justicia, ya que sus necesidades no se satisfacen.
"Hay funcionarios que realizan labores de notificación y otras diligencias judiciales que están mal remunerados y para quienes no hay compensaciones", consideró el abogado.
Sería comprensible, estimó Vásquez, que se dote de combustible a quienes realizan traslado de reos, notificaciones, visitas a las cárceles y practican otras diligencias judiciales.
En tanto, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudada Pro Justicia, planteó que la comunidad estaba esperando la respuesta de los magistrados sobre la propuesta hecha por la procurador Gómez.
A su juicio, esta iniciativa debe ser incluida dentro de la discusión de la Comisión de Estado por la Justicia, por que allí se puede determinar si estos beneficios que gozan los magistrados, son compensaciones o privilegios.