A pesar de la decisión de la Asamblea Legislativa de declarar la nulidad de lo actuado por el procurador José Antonio Sossa, dentro de las investigaciones por el presunto pago de sobornos para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), la Corte Suprema de Justicia continúa con el trámite de las sumarias y resuelve un recurso presentado por el legislador Jacobo Salas contra la actuación del jefe del Ministerio Público.
Una fuente de esa corporación de justicia reveló anoche que el recurso presentado por Salas contra el jefe del Ministerio Pública se encuentra en la etapa de recolección de firmas, con un resultado favorable a las acciones emprendidas por la Procuraduría General de la Nación.
No obstante, con relación a las sumarias remitidas a esa corporación de justicia, por el supuesto cobro de sobornos para la aprobación del CEMIS y la ratificación de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, que se encuentra en el despacho del magistrado Arturo Hoyos, aún está en la etapa de elaboración de un proyecto.
La Asamblea Legislativa no tiene facultad para declarar nula la investigación desarrollada por el Procurador, con relación al supuesto pago de sobornos para la aprobación del contrato del CEMIS.
La fuente consideró que esa facultad sólo le corresponde a esa corporación de justicia. Explicó que quien juzga a los legisladores es la Corte, y por ende a ella le corresponde tomar las decisiones en este caso.
También explicó que la Asamblea Legislativa puede decidir, no levantar la inmunidad de sus legisladores, pero que en el caso del CEMIS existen particulares sobre los cuales ese órgano del Estado no tiene ninguna competencia.
A la vez destacó que en estos momentos el expediente del CEMIS se encuentra bajo análisis por parte de los magistrados de la Corte para determinar si está de acuerdo con la recomendación hecha por el Ministerio Público.
Por otra parte, consideró que la investigación adelantada por el Ministerio Público se inició cuando los legisladores se encontraban de vacaciones, y en ese momento el Procurador Sossa no requería de ninguna autorización para iniciar las pesquisas.
Planteó que esta situación determina una discusión jurídica muy interesante, pero que en esta ocasión el proceso se encuentra en las manos de la Corte y corresponde a esta instancia tomar la última decisión.
A su juicio, la Corte deberá realizar un pronunciamiento sobre la decisión adoptada por la Asamblea y que ella deberá estar contenida dentro de la evaluación que se hagan de las sumarias remitidas por el Ministerio Público.
También aseguró que la Asamblea Legislativa no tiene facultad para declarar nula la investigación desarrollada por el procurador General de la Nación, con relación al supuesto pago de sobornos para la aprobación del contrato del CEMIS.
