La Corte Suprema de Justicia declaró legal el arresto del cubano Luis Posada Carriles, acusado junto a otros tres compañeros de haber fraguado un plan para asesinar al presidente cubano, Fidel Castro, durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
Según el fallo, la detención de los implicados está fundamentada en una petición de extradición formulada por el Gobierno cubano y está acorde con el denominado Código de Bustamante.
No obstante, la Corte señala que el artículo 2506 del Código Judicial señala que la solicitud de extradición enviada permite mantener la detención de los investigados hasta por un término de 60 días, tras lo cual deberán ser puestos en libertad.
Dentro de la documentación aportada por las autoridades cubanas se establece que Pedro Remón está vinculado a los asesinatos del diplomático cubano Félix García y del emigrante cubano Eulalio L. Negrín, y de un atentado dinamitero contra el auto del embajador cubano ante las Naciones Unidas, Raúl Roa.
En las investigaciones realizadas por la Fiscalía Primera de Circuito contra Luis Posada Carriles, Guillermo Novo, Pedro Remón y Gaspar Jiménez no se ha establecido aún con exactitud si éstos realmente introdujeron los explosivos encontrados en un lote baldío en Tocumen.
Hasta ahora los señalamientos más contundentes son las declaraciones de José Hurtado, quien sirvió como conductor de Posada Carriles, ya que aseguró haber llevado a los investigados a la Universidad de Panamá en donde se pretendía cometer el atentado.
Sin embargo, Rogelio Cruz, representante legal de los acusados, señaló que la Corte no entró a analizar las circunstancias de por qué sus clientes no fueron informados de sus derechos constitucionales ni de las razones de sus arrestos.
Cruz sostuvo que está en contra de la decisión de la Corte Suprema y que enfrentará una audiencia para demostrar la inocencia de sus clientes.
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