El contralor Dani Kuzniecky había presentado dos demandas de nulidad para que declarasen nulos por ilegales ambos contratos, ya que los kioscos fueron otorgados de forma directa sin ser refrendados por la Contraloría.
Kuzniecky aclaró que una contratación directa no puede sustentarse en actos administrativos, como fueron las resoluciones que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas.
El funcionario hacía alusión de que los contratos violaban lo dispuesto en los artículos 11, 45 y 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, previsto en el artículo 73 de la ley 56 de 27 de diciembre de 1995.
Precisamente, en la ponencia del magistrado sustanciador, Adán Arnulfo Arjona, se destaca la importancia que tiene el refrendo de la Contraloría como requisito necesario para el perfeccionamiento de los contratos administrativos.
Mediante las resoluciones 5 y 11 de mayo de 2006, la Sala Tercera de la CSJ suspendió provisionalmente los Contratos N° 41-2004 y N°40-2004 con Conte y lo obliga a entregar inmediatamente los bienes al Ministerio de Gobierno y Justicia.
Este anuncio se da justo cuando la empresa salvadoreña ALIPRAC, S.A., ganó el contrato para el suministro de alimentos a los reclusos en Panamá y Colón. El consorcio obtuvo el contrato mediante negociación directa después de que en enero pasado se declaró desierta la licitación en dos ocasiones, pues en la segunda fue el único proponente. El monto del contrato es de B/.5 millones anuales y la empresa distribuirá 27 mil comidas diarias.
Conte recibió en el Gobierno pasado, los contratos de concesión de comida en los centros penitenciarios del país.
De manera "extraña" ninguno de esos contratos tenía el aval de la Contraloría.
La empresa ALIPRAC, S.A., que brindará ahora el servicio de alimentación en las cárceles está a la espera que el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Gabinete apruebe el contrato, que entrará en vigor 90 días después de que el Gobierno dicte la orden de proceder.
