La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la "suspensión provisional inmediata" de todos los efectos de la Resolución N° 01-04 de 8 de enero de 2004, expedida por la Junta Directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) que adjudicó a la Sociedad Inmobiliaria P & P, propiedad de Carlos Pasco, la construcción de un proyecto urbanístico en las proximidades del Camino de Cruces.
Mediante el fallo se reconoció que existen en el expediente opiniones y dictámenes contradictorios en relación al punto de litigio que "deben ser ponderados con detenimiento, de forma que la decisión se ajuste a las piezas probatorias, cumpla la finalidad de preservar la integridad del ordenamiento jurídico y evite que los intereses colectivos sufran un daño irreparable".
Además, la Sala Tercera destacó que aunque los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad, existen fundadas dudas sobre la legalidad del acto impugnado y la posibilidad de que se le causen daños irreparables al Camino de Cruces.
Cabe destacar que el magistrado Arturo Hoyos salvó su voto, porque según dijo, esta decisión "es un duro golpe para la seguridad jurídica y castiga, sin suficiente fundamento legal, la inversión millonaria que ha hecho Pasco".
Hoyos agregó que "esta decisión tendrá como consecuencia la creación de más problemas, que los que pretende resolver".
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