El llamamiento a juicio a la procuradora separada, Ana Matilde Gómez, vulnera los derechos procesales, tales como el derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia, sostiene el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell.
En su salvamento de voto, el jurista sustenta que no existe prueba que demuestre la intención dolosa de la acusada de interceptar la conversación telefónica al ex fiscal Arquímedes Sáez, quien fue acusado de extorsión.
Señala que desde el principio del proceso se calificó el mérito del sumario contra Gómez y se confirmó con el auto de llamamiento a juicio, lo cual no puede tolerarse en un Estado Democrático de Derecho que pregona el respeto a los derechos y libertades ciudadanas.
También salvaron su voto los magistrados Oydén Ortega y Luis Carrasco.
Por su parte, el magistrado Carrasco plantea en su salvamento que la procuradora Gómez actuó en el entendimiento de que su proceder estaba justificado y conforme al Derecho.
Argumenta que la acción de Gómez no estaba revestida de una intención dolosa.
En tanto, el magistrado Ortega indica que la decisión de la Corte Suprema crea un “nefasto precedente” para el sistema de justicia en Panamá.
Este precedente, agrega, abre la posibilidad a que se juzguen a agentes del Ministerio Público, a jueces y magistrados, cuyos fallos puedan ser revocados o declarados nulos en virtud de una sentencia de inconstitucionalidad.
La Corte decidió el 7 de julio pasado llamar a juicio a Gómez para el 11 de agosto próximo, por los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos en perjuicio del ex fiscal Sáez.
