Manifestó que los estudios que CoSPAE ha hecho revelan que la educación superior no es equitativa, ya que la mayoría de los estudiantes que asisten a la universidad son de clase media y media alta y la entidad no está atendiendo las necesidades de la clase con desventajas económicas.
En este sentido, enfatizó que la universidad no es equitativa porque el sentir de CoSPAE es que el que puede, debe pagar y el estudiante de mérito que no tiene los recursos debe ser estimulado con becas para que siga en el sistema.
Señaló que la difícil situación económica que atraviesa la Universidad de Panamá es un tema de sostenibilidad, por lo que hay que buscar recursos de los propios estudiantes que tienen los medios para pagar sus estudios, recibiendo una educación que sea del estándar de carreras buenas que se dan en la universidad y que son competitivas a nivel internacional.
"Creemos que si un estudiante recibe una buena educación, con los estándares requeridos, estaría dispuesto a pagar si tiene los medios", enfatizó. "Lo que hay que hacer es un mejor uso de los fondos, mejor administración de esos fondos y que los estudiantes y sus familias aporten en la medida en que puedan aportar. De esa manera se asegura la sostenibilidad del sistema", recalcó.
Según Halman, debe haber un mayor compromiso nacional sobre la educación superior, que fue uno de los temas que quedó pendiente en el Diálogo Nacional por la Transformación del Sistema Educativo. Sostuvo además que hay que adecuar muchos de los curriculum y hacer un estudio en torno a las carreras que son necesarias.
Con esta medida adoptada para contrarrestar la crisis que padeció el hipódromo, se aspira desde hace tres años a lograr un punto de equilibrio y que vuelva a ser un ente productivo del país.
El Estado autoriza también, bajo reglamentaciones especiales las rifas, promociones, tómbolas y clubes de mercancías. Respecto a esto, Young-Rodríguez mencionó que en 1999 se aprobó una resolución que le exige a los establecimientos que ofrecen club de mercancías una fianza de seguros por un monto mínimo del contrato entre agentes económico y clientes (25%).
Existe una reglamentación especial en donde el producto total de las rifas, promociones y tómbolas que se autoricen por parte de la JCJ se destina a labores de beneficencias. El Estado recibe por cada una de estas actividades el 10% del total de los premios, lo que posteriormente transfiere a la Cruz Blanca Panameña, Centro de resocialización Chapala y el IPHE.
Este dinero que en sus peores momentos ronda los 35 mil dólares es acumulado por tres meses por la JCJ, que luego mediante un cheque del ministerio de Economía y Finanzas es aportado a cada una de las tres instituciones del Estado.
Sin embargo, el producto de las recaudaciones por parte de los juegos de suerte y azar en general (casinos, traga-monedas y agencias de apuestas deportivas) entran al gobierno central para apoyar el presupuesto del Estado.
Como reguladores la JCJ obliga a las empresas a que se adecuen a las normas legales, ya que una vez se detecte la realización de tómbolas, promociones y rifas sin permiso se impone una multa que va desde mil hasta los 50 mil dólares.
Salas de máquinas: Sólo se tienen máquinas y se pueden ubicar en cualquier local comercial
Casinos: Cuentas con mesas y máquinas, y sólo pueden estar en hoteles.
