Durante este año y el 2008, el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA), calcula que en unos 30 proyectos urbanísticos se construirán nuevas plantas, las que se sumarán a la lista de espera para ser recibidas por el IDAAN.
Según Mitsila Espino, presidenta de CONVIVIENDA, la diferencia de este sistema de tratamiento y el tanque séptico es que se trata, separa y purifica las aguas, para enviarlas al canal pluvial o a los ríos.
El Decreto Ejecutivo No.36 de 31 de agosto de 1998, por el cual se aprueba el reglamento nacional de urbanizaciones, de aplicación en todo el territorio nacional, indica que el promotor traspasará a los funcionarios del IDAAN la responsabilidad.
Esto se debe dar en un plazo no mayor de 360 días contados a partir de la terminación del proyecto.
Espino señaló que en el IDAAN hay buena disposición, pero les han expresado que como no se cobra por alcantarillado no pueden mantener los sistemas.
"No se puede posponer esto por mucho tiempo más".
Mientras la limpieza de un tanque séptico le cuesta al Estado aproximadamente B/.35 por metro cúbico, el costo de mantenimiento y operación de una planta de tratamiento de aguas servidas se promedia entre B/. 2 mil y B/. 3 mil mensuales.
Hay gastos de energía eléctrica, administración, mantenimiento, productos químicos, pruebas de agua, y limpieza del lote de la planta.
La Ley No. 77 de 28 de diciembre de 2001, que reorganiza y moderniza la entidad, señala que el ámbito de responsabilidad del IDAAN es el tratamiento, recolección, disposición final y todo lo relacionado con aguas negras.
En la institución, los funcionarios dominan el tema, pero ninguno se atrevió a hablar con este diario.
CONVIVIENDA, que aglutina a 18 promotores, tiene proyectos con plantas funcionando en todo el área metropolitana, Panamá, Arraiján, La Chorrera, San Miguelito. Son aproximadamente 22.
Los sistemas cubrirán a unas 13 mil viviendas.
Las explicaciones de Lucas López, director de la Región Metropolitana de Salud, apuntan al IDAAN como encargado de las atenciones, pues recordó que no tienen cuadrillas para atender los sistemas sanitarios.
Además prefiere aferrarse al proyecto de saneamiento de la bahía de Panamá, cuya primera fase costará B/.45 millones y se prevé para finales del 2009.
"A través del proyecto de saneamiento de la bahía, la ciudad podrá tener un control sobre el tratamiento de estas aguas residuales".
Señaló que es un proyecto del que esperan no tener problemas de derrames de aguas residuales, dado lo obsoleto del sistema de alcantarillado de la ciudad y el crecimiento urbanístico que se viene dando.
Según informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en junio de 2005, en su diagnóstico Socio Demográfico a partir del Censo de 2000, gran parte de la población indígena está expuesta a condiciones precarias de salud que inciden en especial en la población infantil, aunado al inadecuado manejo de residuos sólidos, y la inexistencia de sistemas de tratamiento de aguas servidas.
El documento señala que en las viviendas indígenas el 51% no posee ningún sistema de servicio sanitario y el 34% tiene letrina o hueco.
"Aquí tenemos que definir esto", alegó la ministra de Vivienda (MIVI), Balbina Herrera.
A su juicio, es cuestionable que el gobierno tiene que subsidiar esas conexiones de tratamiento y servicios de saneamiento de aguas residuales.
Sostuvo que en Panamá paga lo mismo una urbanización de interés social que en un piso que te vale B/.400 mil en Punta Pacífica, lo que ve correcto.
Opinó que el gobierno debe subsidiar casos de interés social, de B/.62 mil hacia abajo.
Mientras el representante del corregimiento de Ancón, Joaquín Vásquez, señaló que en las áreas residenciales las tuberías están colapsando.
"Este es un tema que necesitamos se atienda".
Lo que lamentó es que no fueron incluido en el saneamiento de la bahía.
Según el Informe de Desarrollo Humano publicado en el 2004, casi la mitad de la población no dispone de los servicios de saneamiento de aguas servidas.
La Ley No. 77 de 2001 indica que si se paga de B/.1 a B/.10 por el consumo de agua potable; por recolección, tratamiento y disposición final se debe cobrar una tarifa de aproximadamente B/.1 a B/.5.
María Icela Meléndez, directora de Asuntos Ecológicos de la Defensoría del Pueblo, dijo que el mayor número de quejas es sobre problemas con aguas residuales.
La entidad al admitir las denuncias realiza las inspecciones, emite una resolución y solicita el informe al IDAAN, explica.
Luego el IDAAN les comunica que no hay presupuesto para el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de aguas servidas.
Además, que muchas plantas no son transferidas porque no cumplen las normas de aguas residuales.
En atención a la problemática, hay esfuerzos como la promulgación de reglamentos técnicos sobre las descargas directas de efluentes líquidos a sistemas de recolección de aguas residuales y a su vez a cuerpos de agua.
Ocurre que hay contaminación de ríos y mares.
Según Meléndez, para cumplir con las nuevas normas de aguas residuales, se requiere de sistemas de tratamientos eficaces, ya que los sistemas con tanques sépticos difícilmente podrán cumplir, pues dependen de la capacidad de absorción del suelo, y son utilizados en lugares poco poblados.
Fidel Peña: "El transporte es pésimo hasta La Cabima, mi esposa trabaja desde la 1:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. y llega a la casa aproximadamente a las 11:20 p.m."
Delmys Vásquez: "Tengo más de una hora de estar aquí, estamos de acuerdo que hay que mejorar, pero todos los días llego tarde al trabajo, tengo miedo que me despidan".
Andrés Hill: "Son irresponsables, tengo una hora de estar aquí. Demoran mucho, eso ocurre todos los dias. El servicio de transporte es pésimo, no alcanzan los buses, más en la noche".
Lilia Sánchez: "Vivo en Las Colinas de Las Cumbres, viajamos parados todos los días. Salgo a las cuatro de la tarde y llegó a las nueve de la noche a mi a casa, siempre que aparezca algún bus".
