A dos víctimas de la intoxicación por dietilenglicol no le aparece ningún familiar a considerar como beneficiario de la compensación económico otorgada por el Gobierno Nacional.
La Comisión Técnica Administrativa, que evalúa caso por caso para fijar el monto de la compensación, reveló al Panamá América.
Del total de los 119 casos registrados en lista oficial, 4 de ellos tendrán que definirse en un juzgado, por problemas de paternidad o relación con la víctima.
A través de un informe, se detalló, además, que en dos casos sólo falta que se aporte la cédula del fallecido; mientras que en otros dos, la certificación de afectación llevaba el número de cédula errado, lo que es corregido por la Comisión Médica Interinstitucional.
También hay dos casos pendientes por certificación de las cuentas por gastos médicos en clínicas privadas, en original y que indique quién las canceló; así como un caso al que le falta el original de la cuenta de funerales, en donde los familiares no responden.
Igualmente hay un caso en que el Ministerio Público tiene retenido el dictamen de muerte desde mayo, porque para emitir el certificado de defunción necesitan el resultado de unas pruebas y eso tomará como un mes.
Del mismo modo, la Comisión reporta que hay 8 sobrevivientes y 10 fallecidos pendientes de certificación de afectación por parte de la Comisión Patológica de Chiriquí; mientras que ya enviaron 10 casos de sobrevivientes al Ministerio de Salud, para que posteriormente el Ministerio de Economía y Finanzas gestione el pago.
Hay 31 fallecidos con recomendación técnica lista, pero en espera que el Registro Civil informe si están todos los beneficiarios.
Es importante mencionar que hay 47 casos en que aún no se han aportado todos los documentos.
De ellos, a 20 se les mandó a pedir a la Caja de Seguro Social una certificación de su estatus en la entidad, para adelantar la tarea ante la falta de cooperación de los familiares que recibirían el pago.
Según la actuaria, Marianela Morales, para los que no han aportado el certificado de defunción, están utilizando el de Estadística y Censo, para no seguir esperando que lo entreguen los familiares.
Eso, aún cuando no es el documento legal a aportar.
Morales detalla que los familiares se preocupan más por traer lo de ellos, que lo del fallecido.
No obstante, según la actuaria, el atraso en los pagos también se debe a la condición familiar de los afectados, ya que "hay esposas que niegan otros hijos del fallecido, aduciendo que ignoraban de ellos o que no se portaron bien con él".
También hay casos de concubinas que se enfrentan a esposas que dicen no haberse divorciado, e hijos que niegan a madrastras, aún cuando tenían años de no ver al papá.
Igual hay casos de hijos con apellidos que no son el legal del fallecido, así como otros que fueron registrados por su abuelo y ahora dicen que no son hermanos, sino hijos.
En la Ley se habla de delincuentes o presuntos delincuentes para referirse a las personas que pueden ser sometidas por el SPI y en ningún momento se refiere a manifestantes u otros ciudadanos.
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