Crisis transportista en Chiriquí

Más de un centenar de vehículos que prestan el servicio de transporte de la provincia de Chiriquí, paralizaron ayer sus labores como parte de las primeras acciones de fuerza que están dispuestos a llevar a cabo si no se hace un alto a la concesión incontrolada de permisos de operación.
Los transportistas dieron un periodo máximo de ocho días para que la presidenta de la República, Mireya Moscos, les atienda personalmente, pues están cansados de tantas mentiras de los directivos de la Autoridad Tránsito, quienes se dejan manipular políticamente.
Tomas Juárez, presidente de la Cámara de Transporte en Chiriquí, expresó que entregaron un pliego de peticiones al gobernador Miguel Fanovich, para que haga las gestiones en los próximos dos días y se logre una cita con la mandataria.
Advirtió que a partir de hoy inician la cuenta regresiva, pues si dentro de ocho días no se les da una respuesta, se abocarán a un paro general. Por su parte, Mario Barría, director regional de la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre, reconoció que en algunas áreas del distrito del Barú existe actualmente un mal servicio, por ello realizan los estudios técnicos para garantizar el transporte al usuario.
En tanto, el legislador arnulfista Osmán Gómez, quien fue acusado por parte de la dirigencia transportista de politizar con los certificados de operación, mencionó que nada tiene que ver con la concesión de permisos, mucho menos de cupos en el área de Barú.
La medida provocó que cientos de usuarios suspendieran sus labores debido a la falta de un vehículo disponible, pues las 39 organizaciones que existen en la provincia apoyaron la medida de manera pacífica.
Indicó que Sossa debió aprovechar el período de receso en el cual los 71 legisladores no gozan de inmunidad parlamentaria para avanzar en las investigaciones que se realizan por este caso.
A juicio de Blandón, el jefe del Ministerio Público pudo haber aprovechado estos meses de receso y en el caso de que tuviera que preguntarle algo a los legisladores podría hacerlo, sin embargo, se adelantó a entregar el expediente a la Corte Suprema de Justicia.
Recalcó que en el caso que en la investigación hubiese algo que preguntar o añadir al expediente, ese era el período en el que se podía hacer.