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Para la Alianza Ciudadana Pro Justicia los fondos entregados por el gobierno taiwanés son públicos.
Con el salvamento de voto del magistrado Adán Arnulfo Arjona, al resolverse un recurso de hábeas data sobre las donaciones hechas a la Fundación Mar del Sur, la Alianza consideró que el análisis del Pleno de la Corte fue incompleto.
La agrupación determinó que la Corte se limitó a analizar la naturaleza de la Fundación y no la de los fondos o aportes que constituyeron su patrimonio.
Estos fondos eran producto de una donación que se dio en el marco de un convenio para apoyar una obra de carácter público, pero que fue realizada a través de esta Fundación a petición del gobierno de Panamá.
En este caso particular se consideró que el fallo del Pleno de la Corte obstaculizó el acceso ciudadano a la información sobre el manejo de los fondos de la Fundación Mar del Sur.
Además eximió a funcionarios públicos de rendir cuentas del manejo de fondos que estaban destinados a la realización de una obra pública.
"La Fundación Mar del Sur, con independencia de su naturaleza pública o privada, por el solo hecho de recibir y administrar fondos públicos, se encuentra obligada a rendir cuentas sobre dichos fondos", señala el análisis de la Alianza Ciudadana Pro Justicia sobre este caso.
El gobierno taiwanés ha decidido hacer las donaciones de forma directa a las autoridades panameñas, mientras que en declaraciones realizadas por la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, en octubre pasado, señaló que el informe final de la auditoría de la Contraloría sería remitido a la Corte Suprema de Justicia.
Los B/. 4.4 millones fueron desviados a bancos estatales y privados para abonar saldos de tarjetas de crédito a nombre de los miembros de la Fundación pro Educación Integral de la Niñez y la Juventud.
La Fundación estaba presidida por la ex primera dama de la República, Ruby Moscoso, hermana de la entonces presidenta Mireya Moscoso.
