Humberto Ricord, del Frente Panamá Soberana, afirmó que el actual gobierno no hizo nada para obligar a Estados Unidos a descontaminar a tiempo las áreas que debía entregar y que utilizó como polígonos de tiro.
El catedrático universitario objeta la actitud pasiva y "entreguista" del gobierno de Ernesto Pérez Balladares y recomendó a la administración entrante que trate el tema con energía, y que lo denuncie ante foros internacionales.
Ricord considera que el gobernante de turno está equivocado si cree que el solo hecho de mencionar el problema de la descontaminación soluciona algo, pues a su juicio debió plantearlo con firmeza.
Afirmó que ante el rechazo que hay en algunos sectores de Puerto Rico por la presencia de bases militares, y los movimientos similares registrados en Okinawa, Japón, las organizaciones panameñas deben vincularse a este movimiento que tiene carácter internacional para hacer valer sus reclamos.
El integrante del Frente Panamá Soberana dijo que la presión ante foros internacionales debe ser parte de la estrategia nacional para que Estados Unidos limpie lo que contaminó con explosivos y armas químicas.
Recuerda que en el tratado canalero los estadounidenses se comprometieron a liberar las bases militares de todo riesgo contra la salud y la vida, pero que la pasividad y silencio del actual gobierno los ha prácticamente liberado de cumplir con esta obligación.
Ricord reconoce que en esta materia el tratado fue redactado en forma ambigua, cuando describe que Estados Unidos se compromete a descontaminar "en lo posible".
Asegura que los negociadores panameños aceptaron esta frase ambigua para ofrecerle a su contraparte la posibilidad de escapar de sus obligaciones.
Al referirse a la posibilidad de éxito de algún reclamo ante instancias internacionales, el abogado y catedrático universitario reconoce que aunque Estados Unidos tiene a su favor la ley del embudo, ello no debe ser obstáculo para que se juzgue el problema desde el punto de vista de un derecho equitativo y justo.
Sobre los panameños que ya han sido afectados por la detonación de explosivos abandonados, reconoció que Estados Unidos ha aceptado, de manera limitada, el pagar indemnizaciones y proceder mediante arreglos voluntarios.
No obstante, recomendó que si no se llega a un acuerdo mutuo, entonces se entablen demandas contra el ejército.
El abogado y constitucionalista panameño afirmó que Estados Unidos sostiene que en tiempo de guerra no indemniza, como fue el caso de la invasión, lo que deja la vía abierta para presentar reclamos cuando en tiempo de paz, alguien sufra daños por los explosivos sin detonar enterrados en las áreas de entrenamiento y campos de tiro.
Marcos Gandásegui afirma que Panamá no tiene trabajos oficiales sobre el nivel de contaminación, sino que la información proviene de Estados Unidos.
Afirma que en la medida que Panamá solicite más información al hasta este año su socio canalero, la cancillería no ha recibido apoyo financiero para investigaciones, por lo que el gobierno debe pensar en hacerlo.
Para el sociólogo Marco A. Gandásegui la información disponible sobre el uso de agentes tóxicos en Panamá proviene en su mayoría de las propias fuerzas armadas de Estados Unidos.
El docente universitario afirma que esta información es creíble, pero lo que no se sabe es si los informes son completos.
Adelantó que Panamá debe hacer sus estudios, tomando en cuenta que toman tiempo, y debe disponer de los recursos para el financiamiento.
Señala Gandásegui que aquí en el país existe el personal necesario para este trabajo, sobre todo en la Universidad de Panamá, que cuenta con químicos, geólogos, cientistas sociales y especialistas en relaciones internacionales.
Por su parte el también catedrático universitario y ex legislador, Carlos Arellano Lennox, expresó- que sí el gobierno panameño desea presionar a los Estados Unidos para que cumplan con la limpieza de los polígonos de tiros y campos militares, debe acudir a las instancias internacionales e invocar el Convenio de Armas Químicas.
Según Arellano-Lennox, este hallazgo confirma las advertencias que se han hecho durante tres años y que señalaban que los campos de tiro, ubicados en las bases militares norteamericanas, no eran utilizados solamente para maniobras militares con armas explosivas, sino con armas biológicas.
Agregó que la única posibilidad que tiene Panamá, frente a los múltiples recursos con que cuenta EU para evitar la responsabilidad de limpiar estas áreas, es llevarlos a la esfera internacional y demostrar los abusos que está cometiendo.
"Ellos le temen a la presión internacional y al escándalo, y esa es nuestra mejor arma, ya que ellos son capaces de argumentar cualquier cosa, como por ejemplo decir que ese envase de gas Sarín fue puesto en Emperador para inculparlos", indicó el político.
Los norteamericanos son conscientes que de invocarse el Convenio de Armas Químicas podrían perder una millonada, por tal razón van a evitar que esto repercuta en la economía norteamericana.
Recordó que uno de los compromisos que hizo el ex presidente Jimmy Carter cuando firmó los tratados Torrijos-Carter, fue garantizarle al pueblo estadounidense, que de los impuestos de ese país no se "tocaría ni un centavo para el proceso de reversión de las áreas del Canal".
Afirmó que hasta el momento no existe ninguna base en todo el mundo, en donde los EU hayan permanecido tanto tiempo como en Panamá, lo que eleva las posibilidades del uso de este tipo de armas.
Por otro lado, el expresidente de la Asamblea Legislativa se mostró sorprendido de la reacción tardía que han demostrado, tanto el canciller, Jorge Ritter, como Fernando Manfredo, ya que " sin yo ser un funcionario tenía conocimiento y documentos, ellos debieron tenerlos pero se callaron".
Indicó que la actitud de ambos demuestra que había de por medio intereses económicos, los que pudieron existir en un momento dado en los proyectos comerciales planeados cerca de las áreas contaminadas.
Podemos pensar, indicó Arellano-Lennox, que a falta de unos cuantos días no los pueden botar y por eso están haciendo la denuncia.