La decisión del Gobierno de otorgar directamente la concesión a dos empresas para operar una nueva Terminal de Contenedores en el área de Farfán, ha generado críticas y suspicacias entre diversos sectores políticos.
Ricardo Martinelli, presidente de Cambio Democrático, señaló que este proceso fue "dudoso", ya que realizar una contratación directa por B/.600 millones pudiera adolecer de transparencia.
En tanto, Guillermo Ford, de Unión Patriótica, indicó que la forma en la que se está manejando el tema despierta mucha suspicacia y que es deber del Gobierno hacer públicos todos los detalles de un eventual acuerdo.
Por su parte, el diputado de oposición, Miguel Fanivich, aseguró que el megapuerto debió ser licitado con tiempo, pues el Código Fiscal obliga al Gobierno a convocar a una licitación pública para recibir propuestas.
Fanovich destacó que se quiere negociar el megapuerto con dos empresas asociadas en un consorcio, cuyo propietario es otro Estado lo que viola la Constitución Nacional.
Ante estas críticas, el vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, dijo que la concesión para el desarrollo del megapuerto deberá esperar a que la Asamblea apruebe un contrato entre el Estado y la empresa Port Singapore Authority(PSA).
