La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) conocía desde octubre de 1997 que la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA S.A.) iba a utilizar terrenos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte en la construcción del Corredor Sur, los cuales tienen un valor comercial de B/.1.507.869.38.
El defensor del pueblo, Italo Antinori, denunció que ICA pretende pagar B/.253,663.20 por las 9 hectáreas de terreno que son parte de la finca 75,314, cuando comercialmente el valor supera el millón de balboas.
Sostuvo que la Junta Directiva de la CSS manejaba toda la información sobre la utilización de los terrenos por parte de ICA, pero lo hizo a espaldas del pueblo panameño en una forma "muy dudosa".
"La Junta Directiva de la CSS conocía de este proceso desde 1997 y nadie hizo nada por impedir o paralizar la construcción del Corredor en terrenos de propiedad del pueblo", denunció Antinori.
Advirtió que desde el 28 de abril de 1997 el ministerio de Vivienda mediante la resolución 39-97 firmada por el ministro Francisco Sánchez Cárdenas y el viceministro Rogelio Paredes asignó la servidumbre para la construcción de la primera fase del Corredor Sur.
Precisó que ICA ha ocupado en forma indebida e ilegal la finca del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, por lo que se le debe exigir que pague por estas tierras su verdadero valor comercial.
Añadió que hay dos alternativas para ICA que pague el verdadero valor comercial de las tierras o que otorgue a cambio terrenos del área de Punta Paitilla en un futuro Punta Pacífica.
Una nota enviada por la directora de la CSS, Marianela Morales al ministro de Obras, Luis Blanco establecía que estaba anuente a proceder a la venta del área que resulte segregada del bien inmueble mencionado, la cual constituye parte del patrimonio de la CSS.
Otra nota fechada el 16 de junio de 1998 suscrita por la doctora Marianela Morales y dirigida a Luis Trejos de ICA, Panamá, S.A., contiene los avalúos efectuados por la Contraloría y el Ministerio de Hacienda y Tesoro donde se señala que el valor promedio de las hectáreas es de B/.1.507.869.38.
Por su parte, el legislador y presidente de la Democracia Cristiana, Rubén Arosemena acusó al ministro de Obras Públicas, Luis Blanco de actuar como "defensor oficioso" de ICA en detrimento del país.
"No veo qué tiene que hacer el MOP dentro de este problema que debe ser competencia absoluta de la CSS e ICA", subrayó Arosemena.
Enfatizó que bajo ninguna circunstancia se justifica que el Estado autorice una expropiación de estos terrenos a favor de ICA, porque la CSS es una entidad de servicio público.
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