El nombramiento de gran cantidad de personal administrativo en menoscabo de la asignación de médicos, enfermeras y técnicos dentro de la Caja de Seguro Social (CSS) fue rechazado ayer por el Comité de Protección al Paciente y Familiares.
El organismo exigió ayer a la directiva de la entidad facilitar el listado de personas que han sido nombradas durante la actual administración, para constatar que una gran cantidad de administrativos fueron contratados por encima del personal médico.
Por las repercusiones que tiene lo anterior sobre la calidad de atención médica, además de la saturación de quienes brindan el servicio en la institución, el Comité indicó que próximamente demandará ante la justicia internacional a la CSS, por atentar contra los trabajadores de la salud.
"Queremos que Juan Jované de Puy, nos envíe los listados de cuántos nombramientos se han hechos desde que él entró, los salarios, quiénes son, ya sean asesores, especiales, enfermeras o los que ha nombrado por servicios profesionales y demás", indicó el secretario general del organismo, Roger Barés.
El dirigente manifestó que es imposible que mientras se precisa el personal médico y habiendo gran cantidad de doctores y técnicos vendiendo enciclopedias en las calles, la CSS no los haya nombrado aún, a diferencia del personal administrativo.
Barés acusó que el problema de los medicamentos se debe en gran parte a la burocracia existente en el proceso de compra y a la falta de ejecución de una ley que ya existe.
En muchos casos, adujo, no se justifica la carencia de medicinas, porque la CSS, así como todo el sistema de salud, cuenta con las prerrogativas para garantizar la compra a muy buen precio.
Según Barés, en el caso de medicamentos específicos como la insulina pareciera que la intención es beneficiar a un par de empresas, limitando el espectro de entidades que pueden participar para suministrar la medicina.
En cuanto a la discusión que se adelanta en el diálogo por la CSS, el comité rechazó la propuesta de utilizar los recursos que son de todos los panameños, como las tierras revertidas, para destinarlo a subsanar el déficit de la entidad de seguridad social.
Agregó que es el Gobierno quien debe destinar los recursos que contribuyan a solucionar el problema, además de establecerse los controles que impida un abuso del sistema de seguridad social mediante la solidaridad.
