El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované, presentó ayer ante el Ministerio Público la primera denuncia criminal contra una empresa por haber descontado B/.500 mil en cuotas obreros patronales a 220 trabajadores y no depositarlas en esa de institución de seguridad social.
Jované dijo que la CSS será "inflexible" con las empresas evasoras de su responsabilidad en cuanto al pago de las cuotas obreros patronales y que por ello se procedió a denunciar criminalmente a la empresa Textiles de Chorrera para que cumpla con sus compromisos.
Adelantó que también se procederá contra la textilera por la vía de la jurisdicción coactiva, pero que se acudió primero al Ministerio Público para advertir al resto de las empresas en esta situación que "no vamos a tolerar esta situación por más tiempo".
Planteó que la CSS protegerá y ayudará a todo trabajador que demuestre la violación de sus derechos por el incumplimiento de las empresas en reportar los descuentos en materia de cuotas obrero patronales.
Sostuvo que existe en estudio la presentación de otras cuatro demandas contra empresas que han incurrido en este tipo de delito y que ahora corresponderá al Ministerio Público calificar las faltas y remitir sus consideraciones ante los tribunales.
Advirtió que las empresas en esta situación pueden acercarse a la CSS para realizar arreglos de pago y evitar ser denunciados ante la autoridad competente y evitar ir a los tribunales por haber incumplido con la ley.
Paralelamente el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), Guillermo Puga, reveló que la CSS emitió una resolución en donde obliga a la empresa Bocas Fruit Company al pago de B/.1 millones en concepto de cuotas obrero patronales.
Puga reveló que los miembros del Sindicato de Trabajadores del Banano (SITRABANA) presentaron la respectiva denuncia y que luego de una auditoría los funcionarios de la CSS determinaron que faltaba la cancelación de las cuotas.
El dirigente sindical reveló que la empresa ha adoptado una serie de argumentaciones arbitrarias para no acceder la pago de esta deuda, pero la CSS ha establecido que hubo incumplimiento de la ley, por lo que ordenó su cancelación.
