La Caja de Seguro Social (CSS), a través de su Juez Ejecutor, se encuentra analizando las acciones a tomar, luego del anuncio de cierre de operaciones del diario El Universal.
Aunque las medidas de esta instancia se mantienen en las más estrictas reservas, Juan Jované, director de la CSS, explicó que luego de anunciarse el aparente cierre, la entidad procederá con el remate de los bienes cautelados hace algunos meses.
No obstante, reconoció que muchos de los bienes incluidos dentro del inmobiliario de la empresa son de terceras personas y no de El Universal. Expuso además que es muy difícil determinar si las propiedades cauteladas por la Caja saldan la deuda de B/. 600 mil en concepto de la cuota obrero-patronal.
Luego de expresar su pesar por el desenlace del rotativo, Jované expuso que desde un principio la acción ejecutada por la entidad buscó preservar el derecho de los trabajadores.
Mientras tanto, en el rotativo se mantiene la incertidumbre por parte de los hoy desempleados, respecto al pago de sus prestaciones, que además de la correspondiente liquidación, suman el retraso del pago de la última quincena de mayo.
Fuentes que pidieron reserva, dijeron que los accionistas aún no han presentado documentación a las instancias respectivas para definir el estatus de la empresa. La figura de bancarrota atemoriza a los empleados, quienes no recibirían sus emolumentos.
Las Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó, por su parte, que hasta la fecha no se ha habido una solicitud formal de "deslistamiento" de la Bolsa de Valores, sino una exposición de motivos sobre la difícil situación financiera de la empresa.
Asimismo, se destaca la importancia de promover el reemplazo de las escuelas multigrado por Centros de Educación Básica General con internados integrados a granjas sostenibles, de forma tal que los estudiantes de áreas campesinas, rurales y urbano marginales que tengan interés en asistir a la secundaria y la universidad, y no cuenten con recursos para hacerlo, puedan tener acceso a préstamos que cubran sus colegiaturas y gastos de alimentación, transporte y vivienda.
Los beneficiarios de estos préstamos tendrán derecho a la cancelación de un 25% de su préstamo por cada año que presten sus servicios en su comunidad de origen, concluyeron los miembros de esta mesa del diálogo educativo.
