La Caja de Seguro Social (CSS) dispuso vender las fincas del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) -valorados en B/.215 millones- sin disponer siquiera de una unidad administrativa de nivel técnico especializada en inversiones.
Esta acción viola el artículo 105 de la Ley 51 que reformó la Ley Orgánica de la CSS en el 2005; que exige la selección de personal con idoneidad profesional para ocupar este cargo.
Incluso existe un reglamento sobre las inversiones publicado en Gaceta Oficial en mayo pasado que menciona la importancia de este organismo, que a la fecha no ha iniciado operaciones.
De hecho, la intención de las autoridades es nombrar en esta unidad a funcionarios del Sistema de Ahorro y Capitalización de los Servidores Públicos (SIACAP), según dijo ayer un miembro de la Junta Directiva del Seguro.
La Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) alertó que a dos años de la implementación de la Ley 51, la CSS solo ha continuado con las inversiones tradicionales como los plazos fijos.
Esta situación se ha mantenido a pesar que la Ley 51 sugiere la ampliación de la cartera de inversiones.
