Ante la situación que registra el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (IVM), la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), le exigen a las autoridades de la entidad presentar sus estados financieros, refrendados por la Contraloría General de la República.
El último informe de la Junta Actuarial de la CSS revela que existe un déficit en el flujo de caja a partir de este año 2015 y en el año 2025 este programa no contará con fondos suficientes para cubrir los pagos regulares a los pensionados del Subsistema de Beneficio Definido.
Según la CTRP, desde 2009 no presentan los estados financieros y así poder iniciar cuanto antes la discusión del quehacer para solucionar y garantizar el pago de las pensiones.
Para el sindicadto, cualquiera que sea la decisión debe darse bajo las siguientes condiciones:
1. La Junta Técnica Actuarial, a través de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, debe dar a conocer cuál es la real situación actuarial del Programa de IVM, tanto en el Subsistema de Beneficio Definido como en el Subsistema Mixto.
2. Deben ser el producto de la más amplia discusión de todas la partes: Gobierno Central, Administración de la Caja, trabajadores, empresarios, jubilados (as) y pensionados (as) entre otros.
3. Entender que mientras más tarde se llegue a acuerdos para garantizar la supervivencia y sostenibilidad del sistema, peores y más costosas serán las alternativas o propuestas de solución.
Por otra parte, CRTP rechazó también el planteamiento del Ministro de Economía y Finanzas en el Foro de Nacional para la Competitividad para la reestructuración del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) usando el esquema privatizador de Tocumen S.A. y ETESA. "No debemos olvidar que el rol del IDAAN cumple un rol social y que la dotación de agua potable a todos los habitantes del país es un asunto de salud", manifestó el sindicato de trabajadores.
La CTRP propone que el Gobierno dote de recursos económicos, humanos competentes, de tecnología apropiada y una estructura administrativa funcional y solidaria que responda a las necesidades del país.
