Durante la reanudación de la audiencia el fiscal Luis Martínez aseguró que dentro del expediente existen pruebas en las que se vincula a los sindicados.
Ayer se inició la presentación de pruebas testimoniales y documentales aducidas por las partes.
Están involucrados Boutin, Ariel Corbetti, Erick González y Federico Espino por la sustracción de B/.1.2 millón a Harris.
1997. Gilberto Boutin, en su condición de asesor legal de Harris y de todas las empresas del Grupo, conoció de ciertas dificultades entre Harris y uno de sus socios.
Boutin recomendó a Harris realizar un autosecuestro de bienes, que se realizó a través de la compañía Uruguayan Service Corp, propiedad de Boutin, y que no mantenía ningún tipo de operaciones.
Boutin supuestamente presentó una demanda civil contra las empresas de Harris por B/.855,231. En este proceso logró secuestrar 11 automóviles pertenecientes a la firma y 15 apartamentos que sumaban B/.1.2 millón.
El Juzgado Tercero Civil ordenó el traspaso de los 11 autos y los 15 apartamentos de Harris a favor de una empresa de Boutin. Según las sumarias, para efectuar estas acciones los acusados falsificaron varios documentos.
Destaca que este sector tan importante en la educación nacional, ha estado aislado del Ministerio de Educación, menoscabando su potencial y actuando a espaldas de nuestra realidad por la falta de coordinación entre los diferentes niveles del sistema.
Sostiene que la educación es un sistema continuo y coordinado donde un nivel alimenta al otro y las acciones inciden positiva o negativamente en el subsiguiente.
Con este Consejo se pretende también crear controles específicos para instalar universidades y evitar lo que ha venido ocurriendo en los últimos años donde se ha producido una proliferación de estos centros sin una planificación coherente que responda a las necesidad de formación del capital humano que necesita el país.
De acuerdo con Cañizales las nuevas autoridades han encontrado siete universidades que no han sido aprobadas y que han quedado pendientes, a las que se les analizan sus documentaciones a fin de definir su futuro.
En los años noventa, el sistema de educación superior sufrió una masificación que se ha extendido hasta este momento, producto de que no se establecieron criterios más específicos.
Ahora las autoridades trabajan en este aspecto y una comisión establecerá cuáles serán los requisitos y controles para que las universidades se establezcan.
Estas medidas se aplicarán a las que ingresen al mercado porque las que están operando ya funcionan bajo la ley vigente.
El Ministerio de Educación otorga los permisos para que estos centros operen, pero la Universidad de Panamá es la encargada de fiscalizar a estas instituciones.
La educación superior por muchos años ha actuado separadamente del resto del sistema educativo.
En el país existe una matricula en estos centros superior a los 125 mil estudiantes.
Actualmente hay más de 23 universidades.
