El Ministerio Público remitió al Juzgado Decimotercero una solicitud de llamamiento a juicio a cuatro personas por delitos relacionados con la falsificación de diplomas de la Universidad de Panamá.
El catedrático Miguel Antonio Bernal informó que la fiscal Tercera Anticorrupción, Yolanda Austin, requirió el encausamiento penal por el delito de falsedad de documento.
En este caso se hicieron señalamientos contra el estudiante de Administración de Empresas, Humberto Alcázar; la secretaria general de la Universidad de Panamá, Onfala De Bello; Felicia Torres, Denia de Beluche y José Barahona.
Según Bernal, en su denuncia incluyó al rector Gustavo García de Paredes, pero aseguró que la fiscalía no lo incluyó en la petición de llamamiento a juicio.
A raíz del escándalo, la universidad nombró una comisión especial investigadora para analizar las supuestas falsificaciones de diplomas.
Al respecto, Juan Antonio Tejada, ex defensor del Pueblo, determinó que al finalizar su gestión se formuló esta encuesta, que confirmó que los niveles de hacinamiento, problemas de salud, falta de atención médica y toda una serie de situaciones ubican a las cárceles como un sistema donde se vive de manera infrahumana.
"Si bien hay un esfuerzo por parte del Gobierno, no se ha terminado por ubicar un escenario diferente, no hay resultados notables distintos a los que venimos viendo en los últimos años en las cárceles", argumentó.
Tejada hizo una advertencia. Si Panamá no cumple con velar por las condiciones dignas para los privados de libertad, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le va a llamar la atención.
El nuevo director del Sistema Penitenciario Nacional, Carlos Landero, sabe que tiene una "bomba de tiempo" entre las manos.
Landero, quien en las últimas semanas ha visitado las cárceles y está conociendo la realidad que se vive en este sistema, asegura que hará que la permanencia de los internos en los penales sea más llevadera, respetando los derechos humanos.
Se comprometió a reivindicar esta situación. Su primer paso fue efectuar una reunión con el Consejo de Política Penitenciaria, entidad que abordará en primera instancia el anteproyecto de libertad condicional.
"Hay que hacer de todo, desde reformular algunos programas básicos de resocialización implementando los diferentes programas de educación y de cárceles abiertas", indicó.
Esta Ley posibilita ejecutar acciones precisas como la sustitución de la seguridad interna de los penales, las cuales recaerán en custodios civiles.
Esta iniciativa debe implementarse a más tardar en dos años. Además, pretende poner en funcionamiento la Academía de Formación de los Custodios Penitenciarios y aplicar la carrera penitenciaria.
En cuatro años pretende ejecutar todos estos proyectos. Pero estos planes exigen la asignación de partidas como establece la Ley 55. Actualmente, el Sistema Penitenciario funciona con un presupuesto estimado en B/. 12 millones.
Landero insiste en que para poder aplicar una política penitenciaria de forma científica se necesitan recursos.
Reconoció que los únicos recursos que favorecen al sistema penal panameño son los otorgados por la Comunidad Europea, canalizados en diferentes proyectos en fase de ejecución.
Unas de sus prioridades son conseguir apoyo para la construcción de una clínica de hospitalización y cirugía menor con 60 camas para La Joya y la sistematización de datos para obtener una red establecida en los centros penales, el Organo Judicial, Ministerio Público y la Policía Técnica Judicial (PTJ).
Otros proyectos en ejecución se refieren a la toma de huellas dactilares, digitalización y fotografías de los detenidos, actividad coordinada con la PTJ y la Policía Nacional. También se plantea establecer la clasificación de los delitos cometidos por los internos y el mejoramiento del recurso humano a nivel administrativo.
De acuerdo con el nuevo director del Sistema Penitenciario, el principal problema que enfrentan las cárceles es el hacinamiento. Según Landero, sólo 48% de los detenidos están condenados. El resto son personas en procesos judiciales en el Organo Judicial y el Ministerio Público.
En muchos centros penales no se pueden cumplir programas de resocialización y rehabilitación, porque hay que estar presentando los recursos para la atención de personas que están en proceso y que no están debidamente condenadas, explicó.
"Si hablamos de mediación, arbitraje y conciliación a través de la Comisión Codificadora, no será necesario tener en las cárceles personas que estén en proceso", planteó.
Landero está de acuerdo en que para solucionar los problemas de las cárceles hay que aplicar más medidas cautelares. Explicó que hay una multiplicidad de personas que salen libres después de estar recluidas en un centro penal y resulta que no tienen responsabilidad penal.
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