¿Cuentas claras en la UP?

PANAMÁ AMÉRICA confirmó que los contratos de alquiler de los locales varían entre las asociaciones estudiantiles.
En los contratos se establece que los concesionarios pagarán mensualmente la cifra establecida por la dirigencia estudiantil que en el caso de un centro de cómputo es la que impone los precios.
Uno de los puntos que contempla un contrato al que tuvimos acceso es que el local pagará el 50% de la cantidad establecida, de registrarse disturbios en los alrededores de la entidad.
El cierre de la UP por varios días es considerado como pérdida para los grupos porque no reciben pago alguno. De allí la presión para que abrieran cuanto antes la UP la semana pasada.
Lo peor es que los concesionarios están ejerciendo el negocio al por menor, sin contar con la licencia expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, las personas que laboran en estos locales y manipulan alimentos no cuentan con carnet sanitario.
Lo más grave es que utilizan bienes del Estado para obtener un beneficio particular sin rendir informes financieros. Es decir, no tienen contrato alguno con la Nación.
El catedrático Miguel Antonio Bernal cuestiona esta situación y señala que "eso no se está cumpliendo en la Universidad y el contralor no se atreve a intervenir en esa entidad".
Por su parte, el ex dirigente estudiantil, Carlos Zavala, manifestó que "algunos bribones confunden la autonomía universitaria con la sinvergüencería que es patrocinada por altos funcionarios y principalmente, por los decanos de cada facultad".
Una pregunta inquieta a la comunidad universitaria. ¿Ha llegado el momento de las cuentas claras en la Universidad de Panamá en el manejo de fondos de autogestión por parte de los grupos estudiantiles?
Aunque viejos e incansables críticos de los "excesivos" beneficios con que cuentan estos grupos políticos, como el catedrático Miguel Antonio Bernal, dudan que se ponga orden en este tema; la Universidad de Panamá y la Contraloría de la República han dado el primer paso.
Las autoridades universitarias aprobaron una serie de medidas para regular la actividad comercial de los grupos políticos estudiantiles. Mientras que el contralor Dani Kuzniecky mostró su disposición a efectuar auditorías a los fondos manejados por estos grupos.
Estas situaciones provocaron que el rector Gustavo García de Paredes retara a Kuzniecky para que "se deje de amenazas y audite, si cree que debe hacerlo".
El detonante de esta situación, a pesar que las autoridades universitarias no quieren aceptarlo, fue el apuñalamiento del estudiante Bolívar Aldeano, de la Facultad de Economía, por disputas entre grupos políticos por el control territorial en la UP.
Como resultado de esta riña, la UP fue cerrada por cuatro días y el Consejo General Universitario aprovechó para debatir medidas que buscan auditar a los grupos estudiantiles y regular la existencia de estos negocios, entre otros puntos.
El monto de lo que generan estas actividades al año es un misterio que ni las autoridades de la UP ni los grupos universitarios quieren revelar. Lo cierto es que la deuda de los estudiantes con la universidad asciende a B/.87 mil en concepto de energía eléctrica, agua, teléfono y el pago por el uso de locales.
Ahora la UP les puso un periodo límite de 60 días para que cancelen esta deuda. Y a los que acumulen más de dos meses en morosidad, se les quitarán los locales.
Se estima que la UP ha dejado de recibir más de B/.200 mil en los últimos años por el apoyo que brinda a estos grupos políticos.
El Consejo General Universitario decidió, además, obligar a los grupos estudiantiles a abrir una cuenta en la Caja de Ahorros o el Banco Nacional de Panamá a nombre de las diferentes facultades para que depositen las ganancias, que deben ser auditadas bimestralmente.
La tarea de "meter en cintura" a estos grupos no parece fácil, porque diversos movimientos estudiantiles han lanzado amenazas de "pasarle la factura" a los decanos, vicedecanos e inclusive al propio rector, si buscan reelegirse en sus cargos en las próximas elecciones.
"Todo esto es política", gritó un joven que pasaba por la Rectoría donde dirigentes estudiantiles sostenían una reunión con las autoridades.
El director de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, Nelson Novarro, reconoció que los fondos generados por estas actividades no se están usando de la mejor manera, por lo que ha sido necesaria su reglamentación.
Estos negocios han proliferado de forma desordenada en la UP y se estima que sólo en el Campus Central existen alrededor de 100. Los mismos son otorgados a los grupos estudiantiles que ganan las elecciones en las respectivas facultades.
Novarro explicó que a los grupos se les ofrece el control de estos locales como un apoyo "para las actividades a favor de la masa estudiantil", toda vez que en el presupuesto no se contempla un aporte de esta índole.
Informes obtenidos por este diario señalan que en varias ocasiones decanos de diferentes facultades presentaron ante el Consejo Académico solicitudes para que se instalaran medidores de luz en estos negocios, pero la petición fue rechazada por las autoridades universitarias.