Una vez más, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) están en el ojo de la tormenta, en esta ocasión, por impulsar una propuesta que los blinda al momento de ser investigados.
El proyecto, que ya fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y que solo espera la sanción del Ejecutivo, establece que para aplicar medidas cautelares y condenar por determinados delitos a los magistrados del TE se requerirá de las dos terceras partes del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La norma vigente dice: "Los magistrados principales y los suplentes, cuando estén habilitados, no serán depuestos ni suspendidos en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con la formalidad que dispone la ley (...). De igual modo, no podrán ser detenidos ni arrestados, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente para juzgarlos".
Esto, a juicio de expertos en materia política y constitucional, representa un escudo del que ya gozan otros servidores públicos de alto perfil.
"Se está creando un fuero especial. Cada vez más, los funcionarios quieren elevar su nivel de blindaje y esto a su vez genera impunidad", dijo Juan Jované.
Para el analista político Mario Rognoni, se trata de una práctica que vienen realizando funcionarios de otros órganos del Estado.
"El Tribunal Electoral está siguiendo la corriente de los demás órganos que se han ido blindando lentamente para protegerse".
Rognoni agregó que es absurdo que se requiera del voto de las dos terceras partes de la Corte para investigarlos y que la sociedad civil ha demostrado incapacidad para luchar contra lo que califica como arbitrariedades.
Y es que la decisión no ha caído muy bien entre los consultados, pues aunque admiten que estos servidores públicos tienen esta opción a través de leyes, no entienden por qué razones buscan autoprotegerse.
De hecho, Roberto Troncoso, voz de la sociedad civil, aseguró que ha tratado de buscar en "historia patria" la existencia de algún caso en el que alguien haya presentado una denuncia en contra de funcionarios de este tipo, sin embargo, dijo no haberla encontrado, por ende, se pregunta por qué los magistrados toman esta acción si no cree que alguien sea capaz de presentar una denuncia con base en mentiras.
"No entiendo ni a diputados o magistrados que quieran autoprotegerse con ese tipo de leyes que no dejan que nadie los pueda demandar o llevar a la CSJ, eso me parece absurdo y creo que tienen que ser más consecuentes con los tiempos", añadió.
A quien también le parece una medida chocante es a Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción de Panamá, quien la calificó como "la gota que derramó el vaso", pues la Constitución de la República contempla que todas las normas son iguales para todos los ciudadanos sin excepción, por ello, a su juicio, están evadiendo un punto que contempla la misma con "extrema audacia".
"Lo que nos queda al resto de los ciudadanos es seguir participando y denunciando las actuaciones irregulares de los funcionarios", según Montenegro.
Se oponen a ser fiscalizados por miembros de la sociedad civil
Recientemente, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) rechazaron una propuesta de la sociedad civil que busca conocer las actuaciones administrativas así como la asignación y manejo de fondos públicos en esa institución.
La iniciativa, que consiste en una veeduría, fue leída durante la última sesión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, pero rechazada de plano por los tres altos funcionarios del TE.
Y eso que el grupo de veedores, según sus proponentes, no serían sectores políticos, sino que se designarían por parte de organizaciones de la sociedad civil, con reuniones cada cuatro meses.
El Tribunal Electoral ha estado en el ojo de la tormenta por reiteradas denuncias de nepotismo y supuestas irregularidades en el uso de fondos de la institución, desviados -entre otras actividades- para fiestas familiares, principalmente por parte del magistrado presidente, Erasmo Pinilla.
