El dirigente magisterial, Luis López, durante una intervención ante el pleno legislativo, cuestionó el interés que tienen las asociaciones de padres y madres de familia en la educación de sus hijos y señaló que pareciera que lo único que los atrae es el salario de B/.600 que devengaban en las Juntas Regionales.
Manifestó que ha visto a los dirigentes de estas organizaciones rechazar la eliminación de estas Juntas Regionales, pero no les ve la misma preocupación por los graves problemas de la educación nacional, la falta de aulas, la violencia y el incremento de la población estudiantil.
López solicitó a los legisladores la aprobación del proyecto de ley presentado por un grupo de legisladores oficialistas, por medio del cual se pretende eliminar las diez Juntas Regionales existentes y reemplazarlas por la Dirección Nacional de Personal y las Juntas Consultivas.
Además de la Dirección Nacional de Personal que se encargaría del proceso de nombramientos y traslados de los educadores, se crearían trece Juntas Consultivas en las cuales las organizaciones de padres y madres de familia tendrían su representación.
Según el dirigente magisterial, el problema está en que los representantes de los padres de familia en las Juntas Regionales de Educación, devengaban un salario de B/.600 mensuales, pero los que se designen para las Juntas Consultivas, lo harán de manera gratuita.
López destacó que en las Juntas Consultivas se va a trabajar por el bien de la educación, se va a coadyuvar en el mejoramiento de los centros educativos, se va a velar porque no falten bancas, tableros, libros, agua potable y otras necesidades que tienen los planteles educativos.
Explicó que en dos años de existencia, las Juntas Regionales han demostrado ser "innecesarias" porque no resuelven el problema del proceso de nombramiento y traslado de los docentes, sino que lo han complicado y se ha demostrado incluso que se han dado algunos casos de corrupción, a lo interno de estas instancias.
Añadió que el proyecto de ley citado es producto de un consenso entre legisladores, representantes del Ministerio de Educación y grupos docentes que en el pasado período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, discutieron el tema por varios meses.
