Dudas y un sabor de boca a mentira es lo que dejaron las declaraciones de las supuestas amenazas que dijo haber recibido el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, de parte de subalternos de la Policía, según la opinión de expertos en seguridad.
Para los especialistas, si en tal caso hubo “amenazas de cerrar filas”, Mulino debió mandar arrestar a los insurrectos por irrespetar su investidura y al país.
Mientras tanto, ayer, al subdirector de la Policía Nacional, Eduardo Serracín, quien es uno de los que supuestamente amenazó a Mulino, se le dio el honor de presidir la ceremonia de graduación de miembros de la fuerza pública.
Al cuestionársele sobre el tema solo dijo que “soy muy respetuoso de los comentarios que se han emitido, pero no estoy autorizado para dar declaraciones”.
Jaime Abad, exdirector de la desaparecida PTJ , sostuvo que la reacción de Mulino debió ser arrestarlo, porque una amenaza de cerrar fila no es personal, sino contra el Estado.
“Además de que es un ‘delito de rebelión’ que está en el Código Penal y se castiga mínimo con 20 años de cárcel”, añadió.
Agregó que Mulino se convirtió en cómplice de dos delincuentes porque debió presentar una denuncia formal y no quedarse como si nada hubiera pasado.
Entretanto, el general retirado Rubén Darío Paredes indicó que pone en profunda duda que hayan amenazado al ministro porque solo oficiales con muy bajo índice de inteligencia podrían realizar semejante estupidez.
“No dudo de la reunión, pero lo que dijo Mulino no se cree hasta que Serracín y Amador den su versión”, dijo.
Si fue amenazado como dice, ¿por qué no lo citó en la nota de renuncia “irrevocable” que presentó?, se preguntó Darío Paredes, quien añadió: “Eso no se omite y es lo primero que debió comunicarle al mandatario”.
Políticos y miembros de la sociedad civil coincidieron al decir que no conciben la idea de que un superior tenga que renunciar a causa de que subalternos le amenacen, y más si los subordinados siguen gozando de inmunidad.
Incluso, estos consideran que el tema de las “amenazas” no fue más que una cortina de humo para que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, presentara en la Asamblea Nacional el proyecto de ley 438, que busca la modificación del Código Judicial, el cual es considerado como nefasto para el país.
“Si la amenaza hubiera sido cierta, ¿por qué Mulino no lo denunció desde el principio, pero sí ahora que decidió mantenerse en su cargo?”, cuestionó la precandidata presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, Balbina Herrera.
No solo Mulino ha sido blanco de críticas, las mismas han alcanzado al procurador de la Nación, José Ayú Prado, a quien se le cuestionó por no abrir una denuncia de oficio ante las declaraciones del ministro.
