La reducción de la edad para exigir responsabilidad penal a los menores no garantiza la disminución de los delitos ni la seguridad en el país.
Esa es la opinión, tanto del defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, como del representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Panamá, Jorge Giannareas.
La Asamblea Nacional de Diputados aprobó en segundo debate las modificaciones a la Ley 40, que pretenden bajar de 14 a 12 años la edad para juzgar penalmente a los menores.
Vargas destacó que a la Defensoría “le preocupa algunos aspectos del proyecto de ley, porque pareciera que estamos retrocediendo y que hemos fracasado como sociedad”.
Es un indicativo, agregó, de que las políticas aplicadas “no han sido suficientes”, porque, mientras en otros países se está aumentando la edad, aquí se reduce. Esto “nos preocupa, porque dentro de 5 años podríamos estar pensando en bajarla de 12 a 10 años”.
En tanto, Giannareas pidió que “lo que se haga con los adolescentes tiene que ser con garantías de sus derechos y con respeto al debido proceso”.
Consideró la necesidad de establecer programas dirigidos a buscar que los jóvenes corrijan su conducta, para que tengan oportunidad de mejorar su vida.
