Los cinco cursos incluyen: técnicas de supervivencia personal, seguridad personal y responsabilidades sociales, prevención y lucha contra incendios, control de multitudes, seguridad de pasajeros y primeros auxilios básicos.
Según Bermúdez, hay que modernizar el sistema acorde con las demandas sociales porque éstas son significativas.
Para la AMUPA, esto implica transformar normas que se han quedado obsoletas, tecnificar a la municipalidad y darle las herramientas necesarias para que pueda tomar las decisiones a tiempo, mejorar las estructuras, crear una carrera administrativa para que el recurso humano no esté en el vaivén de los cambios de gobierno, y, sobre todo, una mejor interpretación de la demanda local.
La posible descentralización implicaría llevar a la Asamblea Nacional de Diputados una serie de normas y leyes que cambiarían el comportamiento de algunas instituciones y organizaciones del Estado.
Estos cambios pueden consistir, por ejemplo, en reformar algunas leyes orgánicas de los ministerios, para que se asigne por ley a los municipios del país los impuestos.
Este proceso inició el pasado mes de marzo cuando el presidente Martín Torrijos, en la toma de posesión de la Junta Directiva de AMUPA, propuso que para marzo del 2008 la ley se someta a discusión en la Asamblea.
Sobre el punto de los peajes, Panamá América consultó a la Autoridad del Canal, que remitió a la Constitución de la República en su artículo 321 y a la Ley 19 de 11 de junio de 1997, que organiza a la Autoridad.
Según el artículo 321 de la Constitución, la ACP pagará anualmente al Tesoro Nacional derechos por tonelada métrica, o su equivalente cobrado a las naves sujetas al pago de peaje. Pero estas naves, su carga o pasajeros, sus propietarios, armadores o su funcionamiento, así como la ACP, "no serán sujeto de ningún gravamen nacional o municipal.
El artículo 39 de la Ley Orgánica, remite a lo que plantea el artículo 321 de la Constitución.
Si los municipios manejan los fondos provenientes de los impuestos, se podría mejorar la construcción de calles, cementerios, agua potable, entre otros.
De aprobarse este proyecto, habría que fiscalizar la correcta utilización de los fondos, que compete a la Contraloría y ciudadanos.
