El procurador de la Administración, Oscar Ceville, informó que el director de Migración, Ramón Lima, tiene hasta el miércoles de la próxima semana para contestar un "interrogatorio" enviado sobre la investigación seguida por la supuesta "incompatibilidad" de la tramitación de su firma en la entidad.
Reveló que la próxima semana determinarán si el caso amerita sanciones, pero serán las autoridades competentes las que tengan la facultad para hacerlo. Igualmente, admitió que no ha recibido ninguna consulta de Lima.
Mientras, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, dijo que estarán "muy atentos" al resultado de la aplicación de las sanciones, si hay motivos, por parte del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Vásquez expresó que el ministro de ese ramo, Héctor Alemán, debe valorar la situación y adoptar los correctivos del caso.
El abogado manifestó que "no se debe" hablar de partidas discrecionales porque no existen en el Estado.
"Lo que hay son partidas de asignaciones globales del presupuesto general del Estado, que deben ser justificadas ante el ciudadano común", sentenció.
Reiteró que el pleno de la CSJ tiene en última instancia que valorar si se vulneró algún tipo de "derecho subjetivo" de la Contraloría General de la República, en la investigación requerida a un ex mandatario de la República.
A juicio del jurista, cuando no se permite una información directa, se lesiona el Estado de Derecho y por ello, la decisión de la CSJ es un tropiezo a lo que "la ciudadanía esperaba".
Agregó que en el tema de la lucha contra la corrupción, la Corte debe abocarse "al conocimiento de éste y otros casos", donde se involucra a muchos ex funcionarios que no pudieron justificar sus patrimonios al salir de las funciones que le fueron encomendadas.
