El proyecto de ley de presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal 2001, el cual asciende a B/.783 millones fue aprobado ayer en segundo debate y de manera unánime por el Pleno de la Asamblea Legislativa.
Según lo dispone el proyecto, el mencionado presupuesto de la ACP cubre el período que se inicia el 1 de octubre próximo y concluye 30 de septiembre del 2001.
Para este período fiscal, el Canal de Panamá recibirá más de B/.584 millones en concepto de ingresos por peaje y otros servicios, más B/.198 millones por otras actividades.
Francisco Alemán, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, afirmó que el proyecto de presupuesto será aprobado en tercer debate en la sesión legislativa de hoy, lo que permitirá que la administración de la vía cuente con el documento que le permitirá empezar con los trámites que se requieren antes de ejecutar las partidas asignadas.
Afirmó que igual que con el presupuesto general del Estado, hay ciertos trámites burocráticos que se deben cumplir para la ejecución de los fondos asignados a la ACP, lo que hace necesario que este documento esté aprobado previo al 1 de octubre, fecha en que entra en vigencia.
Después de la transferencia de la administración del Canal de Panamá a los panameños, este es el primer presupuesto para el manejo de la vía acuática que se aprueba en su totalidad por el gobierno panameño.
Los tres primeros meses del presupuesto del año fiscal 2000 fueron aprobados por la anterior administración, que todavía mantenía participación de los norteamericanos y estaba a cargo de la Comisión del Canal como agencia federal de Estados Unidos.
Durante la discusión en segundo debate del presupuesto del Canal, el legislador arnulfista Jacobo Salas expresó su descontento con el plazo de una hora que se le otorga a cada parlamentario para intervenir durante la discusión de un proyecto de tal importancia.
Según el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, durante la discusión del artículo o bloque de un proyecto de ley cada legislador tiene derecho a intervenir en dos ocasiones por media hora cada una, tiempo que a juicio de Salas no es suficiente para emitir su opinión respecto a un proyecto.
