El magistrado Jerónimo Mejía, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, ya tiene la posición del Ejecutivo y del Legislativo en sus manos.
Ahora deberá dirimir y emitir su posición ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si el proyecto de ley 10, que permite el uso gratuito hasta por tres horas en centros comerciales, hospitales e instituciones públicas, es constitucional o no.
El Órgano Ejecutivo vetó este proyecto por inexequible e inconveniente, sin embargo, los diputados lo volvieron a aprobar por insistencia, sin considerar las objeciones.
Los proponentes de este proyecto están dispuestos a volcar el fallo de la Corte Suprema a su favor.
El diputado del PRD Leandro Ávila exhortó a sus colegas a que, como Asamblea, envíen un impulso procesal al Órgano Judicial que permita que el Legislativo dicte un argumento sólido y claro para evitar confusiones.
"Creo que la Asamblea debe ayudar con argumentos sólidos para darle una especie de impulso a este tema que van a ver el magistrado Mejía y la Corte Suprema de Justicia", sostuvo.
Ávila dijo poseer información de que el cobro de estacionamientos les está generando a los propietarios de los mismos ganancias por más de 2 millones de dólares mensuales.
"Cuando la propiedad privada se mete en lo que tiene que ver con el derecho público, lo que debe prevalecer es el bienestar común de los ciudadanos", argumentó el diputado al defender el polémico proyecto, presentado en julio del año pasado.
Rechazo
Todos los gremios de la empresa privada han mostrado su rechazo a este proyecto de ley debido a que lo consideran como un intento de regular la propiedad privada.
Recientemente, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), mediante un comunicado, catalogó la propuesta como un atentado a la libertad de empresa.
La Apede considera que la solución no está en la aprobación de esta ley, sino en la construcción de nuevas plazas de estacionamiento que, de manera permanente, solucionen la falta de espacios vehiculares en toda la ciudad.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (CCIAP) indicó que no existió suficiente debate del proyecto, aprobado por insistencia el pasado 29 de septiembre.
La iniciativa, propuesta por los diputados Leandro Ávila y Javier Ortega, establece que los estacionamientos en centros comerciales, clínicas, hospitales e instituciones públicas, donde se realicen compras, adquieran bienes o se reciba algún servicio, serán gratuitos hasta por tres horas.
Se exceptúan de esta medida los hoteles.
Además, se faculta a los municipios para establecer y aplicar las sanciones que correspondan por infringir las disposiciones de la norma.
También los municipios podrán definir las excepciones a la obligación del uso gratuito de los aparcaderos, que serán determinadas considerando las áreas que, por razones particulares, se deban excluir.
Medida desproporcionada, el uso gratuito de los estacionamientos
Para el Órgano Ejecutivo, el otorgar tres horas gratuitas en el uso de los estacionamientos en centros comerciales y hospitales resulta una “medida desproporcionada”.
En la sustentación de la objeción del proyecto de ley 10, el Ejecutivo considera que se pueden buscar otras alternativas, que afecten menos el derecho de la propiedad privada.
Expone que el artículo 2 del proyecto, que incluye el elemento de la gratuidad, limita un derecho fundamental como la propiedad privada, contemplada en el artículo 47 de la Constitución.
Agrega que en la iniciativa, pareciera que se partiera de la premisa de que el cobrar por el uso de estacionamientos es ilegítimo.
Además, de que pareciera que el interés de los proponentes es moderar las ganancias de los propietarios.
Sobre este particular, el Gobierno recuerda que el ejercicio de las actividades económicas corresponde a los particulares y que es deber del Estado velar por la libre competencia económica.
