En el acto que se desarrollará a las 10:00 de la mañana de hoy en las instalaciones de esa dependencia de seguridad social, se entregarán además otras cinco órdenes de proceder para proyectos que beneficiarán a las provincias de Panamá, Colón y Coclé, por un monto de 1.3 millones de balboas.
Actualmente en este corregimiento se construyen tres paso elevados, el primero en la entrada de la comunidad de San Pedro, otro en el parque Heliodoro Patiño y el tercero en el centro comercial Plaza Tocumen, en este último punto han fallecido 54 personas por lo que urgía la edificación de esta obra.
Cabe señalar que recientemente fue inaugurado el paso frente al supermercado Xtra, en la entrada de Ciudad Radial.
Reveló que para mitigar la pobreza en el área urbana, se han realizado pocas acciones debido a que hacen falta datos.
Acotó que es por eso que JICA y AMPYME han acordado ejecutar el presente proyecto con motivo de estudiar la situación, analizar la necesidad en esta área y utilizar los datos obtenidos por este estudio para los proyectos que se formularan en el futuro.
Este acuerdo fue suscrito por Yoshitaka Misawa, representante permanente de JICA en Panamá y por AMPYME los hizo su director general, Joaquín Fábrega.
“En todos los gobiernos, por ejemplo, se han dado exageraciones; en el caso de las relaciones exteriores, con los embajadores y cónsules”, recalcó.
Como caso curioso ligado al nepotismo, fue la procuradora quien contó la anécdota del estadista Justo Arosemena. A los meses de ocupar la dirección del país, a mediados del siglo XIX, viendo que Colombia había abandonado a Panamá y no la facultaba para obtener los recursos, decidió renunciar. Pero a esa causa se sumó el hecho de que sus parientes lo abrumaron con solicitudes de empleo. Prefirió dejar el poder antes que caer en ese vicio, indicó la procuradora.
La funcionaria especificó que aunque un ministro no nombre a un familiar en su propio ministerio, el hecho de que lo haga en el sector público ya es nepotismo.
¿Por qué no se tipifica esta relación en el ámbito privado? Porque el recurso usado es de una persona. En el caso del sector público, se trata de los recursos del Estado. “Por eso es que se tipifica el nepotismo como lacra social en relación con el sector público”, subrayó la procuradora.
¿Cómo se denuncia el nepotismo?, preguntó El Panamá América. “Hay un vacío jurídico en cuanto a esta figura”, afirma la fuente, porque no siendo un delito, ni siquiera una falta, en lo único que podría degenerar es en una denuncia, si es que los nombrados no asisten al trabajo y perciben salario sin trabajar. En buen panameño, sería la figura de la botella.
Pero si la persona va a trabajar todos los días se considera únicamente una falta ética.
“Hay personas que creen que eso no está mal, pero no está mal si no es excesivamente censurable”, argumentó.
Esto tiene que ver con la cultura “porque mientras no veamos la administración como un ente que debe trabajar por el interés de la sociedad, por cumplir con la misión de administrar los recursos y fondos del Estado con responsabilidad, utilizándolos para el bien de la gente”, entonces existirá el nepotismo.
Lo que debe buscarse es la capacitación para profesionalizar el servicio público y aplicar la carrera administrativa, resaltó, para que exista un criterio de selección, además de estabilidad y normalidad laboral.
A este respecto, la Ley de Carrera Administrativa (Ley 9 de 1994) está vigente, aunque hubo un decreto que dispuso que se revisaran las acreditaciones que se habían concedido en los últimos años. El decreto mediatizó la ley, pero ya se dejó sin efecto y, por tanto, la ley está vigente.
Destacó la procuradora que en los países desarrollados, el Estado mantiene un 10% del total de los nombramientos de manera discrecional, pero el porcentaje restante, especialmente el sector técnico, debe regirse por la carrera administrativa a fin de evitar cambios cuando asciende un nuevo gobierno. Al tema también se refirió el abogado y miembro del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Panamá, Candelario Santana.
Al igual que Montenegro de Fletcher, advirtió que en Panamá no existe una legislación que tipifique claramente el nepotismo como un delito o como una falta en el sentido administrativo.
“Creemos que el nepotismo atenta contra la moral pública”, declaró Santana a El Panamá América, al indicar que esta práctica concentra en una familia el ejercicio del poder, lo que no debe ser porque ya no se está en el período de las monarquías, ni de las dinastías.
“Estamos en un período donde hay mucha gente capacitada que necesita una reglamentación a nivel del ejercicio de las tareas dentro de la administración, como es el caso de una carrera administrativa que haga idónea la participación de todas las personas en su puesto y les garantice una estabilidad”, indicó Santana.
Lo ideal, añadió, es que no haya influencia política, sino un nombramiento sobre la base del conocimiento y la idoneidad de las personas, como ocurre en otros países con democracias avanzadas.
Explicó que desde el punto de vista conceptual, el nepotismo es la preferencia que tiene quien ejerce el poder público en determinadas áreas de gobierno hacia parientes que son nombrados como servidores públicos.
“Es decir, quien ejerce el poder público nombra como servidores públicos a parientes, creando una colisión de intereses porque en cierta manera se está instituyendo dentro del ejercicio de la administración y del poder público, a familiares o personas que forman parte de un vínculo familiar”, expresó Santana.
Relató que en la Ley de Carrera Administrativa ya se comenzaba a configurar el hecho de que el nepotismo era “algo grave” dentro de la administración pública.
Esta ley, en su glosario, define el nepotismo como “la existencia de parientes dentro del gobierno nombrado por otros parientes”.
Recordó Santana que la Constitución Nacional prohíbe que en el Gabinete exista entre el Presidente, los Vicepresidentes y Ministros de Estado, algún parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
“Esta norma constitucional para los efectos del Ejecutivo en su Gabinete, sí establece la incompatibilidad, pero no tipifica el hecho como delito, sino que inhabilita al funcionario en el cargo en caso de ser familiar de alguien en este organismo”, puntualizó Santana.
Para este jurista, cuando se comienza a nombrar en el gobierno a toda la parentela y con fines fundamentalmente de enriquecimiento o de aprovecharse de los salarios altos que tiene el Estado, hay un problema.
“El mismo radica en que no hay un nivel serio de escala de salarios en el gobierno y por un lado se establecen los llamados gastos de representación que al final son mayores que el mismo salario, lo cual es contradictorio”, subrayó Santana.
Consideró que al no existir niveles de salarios, los hay demasiado exagerados como es el caso de los funcionarios del Ente Regulador de los Servicios Públicos, de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, y la Defensoría del Pueblo.
“En esas entidades tenemos salarios demasiado altos para funcionarios de segunda y tercera categoría, los cuales algunos están ganando desde cuatro mil hasta siete mil balboas mensuales, lo que no es correcto”, acotó Santana.
A su juicio, hay que analizar el hecho de que el nepotismo debe ser limitado en cuanto a la incursión de la parentela dentro del ejercicio del poder político como una forma de aprovecharse del mismo, y por otro lado, también es necesario que se regule ese concepto administrativa o penalmente.
“También hay que establecer un nivel de escala salarial o una tabla de salarios que sea cónsona con la realidad de un país subdesarrollado como Panamá, donde no podemos tener salarios excesivos que al final de cuentas no son compatibles con el servicio que se presta”, dijo Santana. Por su parte, el sacerdote Patricio Hanssen, director de Pastoral Social Arquidiocesana, fue enfático al declarar que los asuntos de Estado no son potestad de un grupo político, que busca satisfacer intereses personales, familiares o de amiguismo.
Lo que ahora ocurre es que los que llegan al poder, lo consideran un botín para su gente. Ese es, a todas luces, un concepto erróneo de los políticos, y el instrumento para combatirlo es la Ley de Carrera Administrativa. Con ella las políticas de Estado son más efectivas porque los nombramientos se hacen en función de capacidad y no de personas.
“Los funcionarios no están para servir a partidos políticos, sino para servir al pueblo”, sentenció. El nepotismo tergiversa el sentido de la administración pública.
“Me duele que la presidenta (Mireya Moscoso) arguya el argumento de que otros gobiernos lo hicieron”, señaló el sacerdote, a lo que añadió que “si quiere ser estadista, debe atreverse a hacer cambios”.
Para el cura, el nepotismo no es sólo una falta ética, tomando en cuenta que lo ético debe cristalizar en lo legal. “Lo público no se puede dejar sólo a la conciencia. Requiere leyes y debe haber sanciones”, recalcó.
Respecto al argumento de que si no es exagerado el número de parientes de altos funcionarios nombrados en el gobierno, no es escandaloso el nepotismo, Hanssen manifestó que si se parte de esa premisa, la gestión pública jamás saldrá de la maraña en que se encuentra.
“El problema es que el que legisla es quien tiene el poder y ningún gobierno ni Asamblea quiere legislar en su contra”, agregó.
Calificó de mezquinos a los políticos, quienes actúan con una visión a corto plazo, a diferencia de los estadistas, que lo hacen a largo plazo.
“Sólo la presión ciudadana puede cambiar eso”, dijo, pero recalcó que en el seno de la feligresía debe existir el sentido de responsabilidad cristiana de organizarse.
Lamentó que actualmente se nota lo que hacen los políticos, no por sus programas, sino por quiénes reciben las prebendas. “En el clero hay una preocupación real por la situación que vive el país”, enfatizó el director de Pastoral Social Arquidiocesana.
