El Ministerio Público decidió no admitir una querella penal contra los magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), por el presunto delito de extralimitación de funciones.
La denuncia contra los magistrados Oscar Vargas, Lourdes Arias y Lastenia María Domingo Carrión fue presentada por la firma Carrillo Brux y Asociados en representación de Farida Homsany.
La denuncia se fundamentó en que el grupo Homsany había llegado a un acuerdo durante la pasada administración para un arreglo de pago por la suma de B/.6 millones.
Sin embargo, los magistrados de la DRP decidieron revocar el acuerdo al percatarse que se estaba ocasionando una lesión patrimonial al Estado panameño.
