La Asamblea Legislativa se mantiene en un lugar indiscutible como el Organo del Estado con los más bajos niveles de popularidad o aceptación, lo que la ubica como punto central de las más severas críticas de parte de la sociedad civil y la población en general.
Jugosos salarios, constante ausentismo, poca productividad y escándalos de corrupción son algunas de las constantes críticas que reciben los legisladores.
Sin lugar a duda, el caso de la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora y Alberto Cigarruitsa, sumado a la aprobación del proyecto de ley mediante el cual se creó el Centro Multimodal Industrial y Servicios (CEMIS), se constituyeron en los peores escándalos en lo que va del siglo y para algunos el mayor de los cien años de historia republicana panameña.
Carlos Afú, en ese entonces miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se constituyó en el detonante de la peor crisis que ha vivido la Asamblea en su historia, cuando el 16 de enero de 2002 denunció haber recibido B/.6,000 de parte de su copartidario, Mateo Castillero, como parte del primer pago por la aprobación del proyecto de ley del CEMIS.
Tales declaraciones causaron un gran revuelo nacional y a lo interno del PRD, pero al final todo quedó en los titulares de periódicos.
Las declaraciones de Afú fueron rechazadas por Castillero y por la dirigencia del PRD que contratacaron con una denuncia, según la cual el Consejo de Gabinete había recibido dinero para la aprobación del CEMIS y que después habían utilizado para pagar el "soborno" a los legisladores que "compraron" para la ratificación de los magistrados.
Producto de estas denuncias y contradenuncias, surgieron toda clase de acusaciones y descargos que dieron lugar a grandes titulares en los medios impresos, así como horas en los noticieros, reportajes de radio y televisión, no obstante, todo quedó allí.
El procurador trató de investigar el asunto, pero la negativa de la bancada de la oposición a levantarse la inmunidad, impidió que las investigaciones se realizaran con la fluidez requerida. Los legisladores del PRD se despojaron de la inmunidad voluntariamente, sin embargo, no fue suficiente, el funcionario esperaba que todos lo hicieran.
Todo llegó a su fin en la madrugada del 30 de junio del 2003, último día del período de sesiones ordinarias, cuando el pleno legislativo aprobó una resolución presentada por el legislador arnulfista, Jacobo Salas y secundada por su copartidario, José Blandón Figueroa, mediante la cual se ordenó el archivo del expediente de este caso.
Producto de esta resolución, se cerró el caso, se impidió que siguiera cualquier investigación y se enterró el peor escándalo de corrupción que ha tenido el país.
Pero esto no termina allí. El constante ausentismo y irresponsabilidad de un número considerable de los integrantes de la Asamblea Legislativa, se mantuvo como una de las notas características de estos cinco años. La situación se agravó en los últimos meses con la campaña electoral.
El oficialista Sergio Gálvez, quien logró su reelección para el próximo quinquenio, se consolidó en una posición muy destacada, entre los más "paveolos" de los legisladores, pues no completó siquiera una docena de asistencias a las sesiones plenarias o reuniones de comisión, pero cada una de las quincenas cobró su respectivo cheque.
El veterano político, Jacobo Salas, presidente de la Asamblea en el último período, en el cual se registraron los mayores niveles de ausentismo, hizo incontables llamados a los legisladores para que cumplieran con sus funciones. A pesar de esto, no fue escuchado, ya que la mayoría de los legisladores y sus suplentes hicieron de oídos sordos y de esta manera echaron por tierra las últimas iniciativas de la presidenta Mireya Moscoso, las denominadas leyes de "Mano Dura".
