Cuando se anunció la designación de Kenia Porcell como nueva procuradora de la nación, el presidente Juan Carlos Varela dijo que su objetivo era nombrar a una persona que contara con independencia de criterio y la firmeza moral para defender los intereses del país.
“Con esta designación deseo sellar el compromiso de nuestra administración para dejarle al pueblo panameño una democracia con instituciones fuertes, transparentes y sin impunidad”, afirmó Varela.
Pero lo que no dejó claro el mandatario era que Porcell trabajaba, en ese entonces, para uno de los puestos más sensitivos del aparato de inteligencia del Gobierno.
Esto aparta a Porcell del principio de independencia que prometió Varela, de acuerdo con voces políticas y abogados.
Peor aún, las funciones que ahora tiene como procuradora podrían influir en las decisiones de los casos que se abrieron a figuras del gobierno anterior.
Una notificación del secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López Pérez, confirmó que Porcell laboró como subsecretaria de la polémica entidad desde el 2 de julio, cuando tomó posesión Varela, hasta el 30 de noviembre de 2014, precisamente tres días antes de ser designada en el Salón Amarillo de la Presidencia como procuradora general de la nación.
A Porcell, Varela le asignó un salario de 5,000 dólares mensuales y un vehículo 4x4 para que asumiera el cargo en el Consejo de Seguridad.
Además, López afirmó que Porcell tenía funciones de asesora legal, lo que coincide con la información de otras fuentes de que la exsubsecretaria del Consejo de Seguridad fue quien instruyó los informes de las supuestas escuchas telefónicas y compra irregular de máquinas pinchadoras contra los funcionarios de la administración pasada y que ahora como procuradora podría influir en el resultado de las investigaciones judiciales.
El exviceministro de Gobierno Alejandro Pérez manifestó que con la certificación de López se demuestra que Porcell participó en la configuración del caso penal de las escuchas telefónicas en el Consejo de Seguridad Nacional siendo subordinada del presidente Juan Carlos Varela.
“Aquí se prueba la interferencia del Órgano Ejecutivo en la administración de justicia en Panamá y eso violenta gravemente el principio de la separación de poderes del Estado”, comentó el también abogado.
Precisó que un elemento más grave es que esto puede afectar y vincular a la procuradora a un supuesto caso de implante de pruebas en la investigación de escuchas telefónicas, ya que tiene información de que el expediente contra Ronnie Rodríguez, exdirector de inteligencia en el Consejo de Seguridad en la administración anterior, fue “montado” por el actual gobierno.
Explicó que una persona que espiaba a los políticos panameños, con lo que violó la ley de escuchas telefónicas, grabó pláticas, y al ser presionada psicológica y físicamente por ser de la Policía Nacional (PN), entregó un dispositivo USB a una segunda persona que ingresó los archivos a una computadora del Consejo de Seguridad Nacional.
Agregó que con esto se haría creer que el espionaje de políticos se hacía dentro del Consejo de Seguridad, cuando no fue así.
“Nosotros tenemos las pruebas de las personas que tienen esta información, que no van a salir ahora mientras esta investigación esté en manos del Ministerio Público, ya que la entidad responde políticamente a Juan Carlos Varela”, comentó.
Indicó que los datos fueron proporcionados por actuales miembros del Consejo de Seguridad que allí laboran y que de ese montaje saldrá la implantación de pruebas a base de prebendas, extorsión y presiones.
