El robo de activos en grandes dimensiones es el principal problema de corrupción que afecta a los países en Latinoamérica, afectando su riqueza nacional, por lo que su identificación y recuperación es el objetivo principal que busca la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La Oficina contra la Droga y el Delito, adscrita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Conferencia Política de Alto Nivel a realizarse del 9 al 11 de diciembre en México, busca que por lo menos 30 países ratifiquen el convenio.
Su penalización, es otro tema que será tratado durante la reunión de diplomáticos, que desde hace menos de dos años de negociaciones, un Comité Especial acordó en Viena Austria, criterios para que los países miembros tipifiquen como delito de corrupción una amplia gama de actos que los obliga jurídicamente a penalizarlos como corrupción.
La convención para todos los países miembros y que ratifiquen el convenio, dispone la obligatoriedad de que se tipifique como delito de corrupción el soborno, eso incluye la propina a los policías para evitar una multa, la malversación o peculado de fondos públicos, así como el blanqueo del producto de la corrupción y la obstrucción de la justicia.
También exhorta a los países miembros a penalizar el tráfico de influencia y el encubrimiento del producto de la corrupción.
La Oficina contra la Droga y el Delito de Corrupción, ha tratado de conciliar entre las naciones integrantes las necesidades de estos países que procuran y hacen los esfuerzos requeridos para recuperar los activos que ilícitamente han sido adquiridos.
Ya que se intenta que por medio de procesos jurídicos apoyar los países que procuran recuperar los fondos robados, y que soliciten la asistencia, pero acordando la manera para desarrollar la cooperación y la asistencia.
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