La polémica surgida a raíz de los finos relojes y aretes obsequiados por la presidenta de la República a los legisladores, es una coyuntura "propicia y adecuada" para que se revise la legislación que tiene que ver con los regalos que reciben los funcionarios públicos, expresó el legislador arnulfista José Blandón Figueroa.
Agregó que ésta no es una práctica que inventó la presidenta Moscoso, esto viene de administraciones anteriores, pero como levantó tanta controversia pública, ahora "sería bueno aprovechar el momento" para reglamentar esta prebenda.
En este sentido, el legislador Blandón destacó la Ley 59, por medio del cual se regula el artículo 299 de la Constitución Nacional, obliga a los funcionarios que manejan fondos públicos a que presenten declaración jurada de su estado patrimonial.
Señaló que ahora le corresponderá a la Contraloría General de la República, mantener informada a la ciudadanía, pues la ley permite que cualquier ciudadano pueda tener acceso a la información.
