En las entidades públicas se deberá recoger toda chatarra, objeto o material que se encuentre dentro de sus instalaciones y que puedan servir como criaderos de vectores.
Una resolución del Ministerio de Salud dispone que las entidades deben coordinar con la Contraloría General de la República el descarte y disposición final de toda chatarra que sea de su propiedad.
Esta disposición se refuerza en la Ley 33 de noviembre de 1997 por medio de la cual se fijan normas para controlar los vectores transmisores del dengue.
En ella se establece como uno de los objetivos, "declarar el dengue un problema de salud pública que afecta el desarrollo socioeconómico del país, por lo que es necesario ejecutar medidas permanentes de control de los vectores, con urgencia notoria".
En la resolución se resuelve que la medida tiene como objetivo prevenir el contagio de enfermedades tales como malaria, hanta, leptopirosis y dengue.
Las entidades públicas y privadas están obligadas por ley a coordinar con Salud la eliminación de criaderos, en el área donde se desarrollen sus actividades.
La población también tiene el deber de cumplir con las disposiciones sanitarias vigentes.
