La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la no prescripción del proceso seguido a Manuel Salvador Morales, Bruno Bemporad, Maritza de Mattaden e Irasema Subía, a quienes se les acusa de los delitos de falsedad de documentos y asociación ilícita para delinquir en perjuicio de los depositantes del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO).
En su decisión los magistrados de la Sala Penal rechazaron un recurso de casación presentado por el abogado Elías Domínguez, representante legal de Maritza Ramos de Mattaden, quien solicitó la prescripción del proceso penal seguido a los directivos de BANAICO, ya que el llamamiento a juicio realizado por el Juzgado Duodécimo Penal se produjo seis años después de la supuesta comisión de los ilícitos.
También señalan que al no haberse acreditado los cargos de injuricidad atribuidos a la decisión ejecutada por el Segundo Tribunal de Justicia el 11 de septiembre del 2001, se debe desestimar la pretensión del casacionista.
De acuerdo con los magistrados no se puede declarar la prescripción de los delitos, cuando aún para el año de 1996 los documentos del banco eran utilizados para la ejecución de transacciones comerciales.
A juicio de la fiscal primera anticorrupción, Cecilia López, el llamamiento a juicio evitó que se produjera la prescripción del proceso, debido a que la decisión del juez suspende este efecto y corre la fecha de caducidad del proceso hasta el año 2006.
Estimó que dentro de la investigación de 37 tomos existen informes de auditoría en donde se establece la existencia de préstamos irrecuperables por un monto de B/.46 millones. Además, que se encontraron depósitos pertenecientes al narcotraficante colombiano José Castrillón Henao.
La Fiscalía Primera Anticorrupción remitió en el año de 1999 su vista fiscal con una petición de llamamiento a juicio, luego el Juzgado Decimosegundo ordenó una ampliación y para marzo del año 2000 la fiscal López envía el expediente con una nueva solicitud de encausamiento.
Luego en agosto del 2000 el juzgado emite el auto de llamamiento a juicio. Tras esto uno de los abogados presenta un incidente de prescripción penal, que es rechazado en primera y segunda instancia y luego se presenta un nuevo recurso.
A los sindicados se les imputan los delitos de falsificación, asociación ilícita para delinquir y estafa que prescriben a los seis años. Hace dos años la fiscalía remitió el expediente a los tribunales, pero a pesar de ello aún no se ha podido llegar a una conclusión en este proceso.
