Naciones Unidas.- La mayoría de los países latinoamericanos han quedado consternados por el rechazo del gobierno del presidente George W. Bush a una serie de acuerdos internacionales, especialmente respecto a la posición negativa que adoptó durante la primera conferencia de la Organización de las Naciones Unidas en contra de la prohibición del tráfico internacional de armas ligeras.
La ONU calcula que hay cerca de 500 millones de armas ligeras ilegales en el mundo. Se trata de fusiles de asalto, granadas, metralletas, morteros, lanzacohetes y demás. Estas armas han causado cuatro millones de muertos en los últimos diez años, de los cuales el 80% son mujeres y niños. De las 49 grandes guerras que ha habido en los noventa, 46, según la ONU, habrían podido evitarse o no hubieran sido tan sangrientas con un control efectivo de la distribución de armas.
El gobierno estadounidense, sin embargo, no ha querido comprometerse a nada que suponga cortar la libertad de comercio de los productores ni el derecho de los individuos a poseer tantas armas como quieran. Esto lo dejó claro el jefe de la delegación de Estados Unidos ante la conferencia sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus Aspectos, John R. Bolton, el subsecretario de Estado para el Control de Armamentos y Seguridad Internacional, que se realizó en esta ciudad del 9 al 20 de julio.
Un indicio del desafío del gobierno del presidente George W. Bush, a cualquier posibilidad de que el organismo mundial logre coartar la autoridad de Estados Unidos en su propio territorio, fue la inclusión del congresista Robert "Bob" Barr, republicano de Georgia que pertenece a la National Rifle Association, un organismo de derecha que pelea cualquier restricción a la tenencia de armas por civiles.
"Parece increíble que un Estado no quiera prohibir la circulación de ametralladoras ligeras y este tipo de armamentos", declaró el Representante Permanente de Panamá ante la ONU, Ramón Morales Quijano. "Nadie puede creer que una ametralladora es apropiada para ir a cazar pájaros".
El embajador Morales anotó "la necesidad de elevar al más alto nivel la calificación del delito de tráfico y comercio ilícito de armas", afirmando que en Panamá "ya se han implantado numerosas medidas de control y de desarme". También prestó el apoyo de su gobierno a las resoluciones finales, aguadas por la oposición de Estados Unidos, pero que por lo menos lograron establecer un mecanismo de seguimiento de la conferencia, subsidiario de la Asamblea General de la ONU, "con capacidad de ofrecer asistencia técnica y financiera para el establecimiento de controles nacionales e internacionales estrictos".
El embajador Morales Quijano, así como otros diplomáticos latinoamericanos también se muestran frustrados por la renuencia expresada por Boulton ante los requerimientos de la conferencia para que Estados Unidos se comprometa a restringir el comercio de armas a grupos no-gubernamentales.
"Esto impediría la asistencia a grupos no-estatales oprimidos que se defienden de un gobierno genocida", argumentó el funcionario, "siendo irrelevante la distinción entre gobiernos y no-gobiernos al determinar si los usuarios finales de armas son responsables o irresponsables".
