La acción judicial fue considerada como "excesiva" por los directivos de PTP, quienes reiteraron ayer en un comunicado que la medida puede producir una desaceleración de la economía nacional y un efecto negativo en la ejecución de nuevas inversiones millonarias.
Según el comunicado, "la ausencia de un informe categórico, contribuye a la especulación de grupos inescrupulosos que, frente a este vacío, ven la oportunidad para sacar provecho, sin importar las consecuencias para el futuro de las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí".
La empresa reiteró que se ha hecho responsable por el derrame de petróleo no premeditado, desde el primer momento del hecho, razón por la cual no ha escatimado esfuerzos ni recursos para atenuar cualquier impacto negativo.
En esa línea, negó que las empresas internacionales Ecopetrol y Castor Americas, Inc., originalmente incluidas en la demanda por B/.500 millones, que interpuso el abogado Silvio Guerra en representación de cerca de 10 mil pobladores afectados, mantienen productos de petróleo en sus instalaciones.
Se presume que más armas de fuego hayan sido sustraídas de la PTJ y están en manos de delincuentes criollos.
Una pistola encontrada a dos menores fue remitida el 4 de mayo de 1999 a la PTJ a través del oficio número 255.
La prueba de balística comprobó que el arma estaba involucrada en un asalto a mano armada frustrado.
En la sección de Balística en el Departamento de Criminalística Forense de la PTJ se cotejan las armas de fuego y municiones vinculadas a hechos delictivos.
